Andrade critica los barrios privados a la vez que forma parte del partido que naturalizó la inseguridad

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Carlos Torres
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El senador del FA habla de “tragedia urbana” por los barrios cerrados. La gente no se encierra por gusto: se protege porque el Estado falló en lo más básico.

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Óscar Andrade salió a decir que los barrios privados “generan una tragedia urbana”. Según el senador del Frente Amplio, la gente que decide vivir detrás de un muro y un control de acceso está profundizando la segregación y quebrando la ciudad. La frase tiene ese tono moralista tan característico de cierta izquierda: habla como si estuviera defendiendo a los pobres mientras señala con el dedo a quienes simplemente se cansaron de esperar que el Estado les garantice lo más básico.

Lo primero que hay que decir es lo obvio. Nadie se muda a un barrio privado porque odia a los vecinos del barrio de al lado. La gente se muda porque le robaron el auto, porque le entraron a la casa, porque le asaltaron al hijo camino al colegio o porque simplemente se hartó de vivir con el corazón en la boca cada vez que suena el portero eléctrico. El barrio privado no es la causa de la inseguridad. Es la consecuencia.

Durante décadas el Frente Amplio gobernó Montevideo y el país con una filosofía muy clara: la delincuencia se combate con “inclusión”, con “políticas sociales” y con una dosis generosa de relativismo moral. El resultado está a la vista. Barrios enteros se convirtieron en zonas liberadas. Las balaceras pasaron a ser parte del paisaje. Los comerciantes bajan las persianas más temprano. Las madres calculan horarios para no sacar a los niños después de cierta hora. Y cuando alguien tiene la posibilidad económica de protegerse, aparece un senador a decirle que está generando una tragedia urbana.

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Cuando el Estado no cumple su función esencial de proteger la vida y la propiedad, la gente busca soluciones privadas. No porque sea egoísta, sino porque es racional. El que puede pagar seguridad privada, la paga. El que puede vivir en un lugar con acceso controlado, lo hace. El que no puede, se jode. Esa es la verdadera desigualdad que produce el fracaso estatal: no la de los muros, sino la de quién puede escapar y quién queda atrapado.

Las comunidades basadas en la propiedad privada y el derecho de exclusión no son el problema. Son una de las pocas defensas civilizadas que quedan frente a la disolución social. Cuando el Estado renuncia a castigar el delito con severidad, cuando privilegia los “derechos” del delincuente por sobre los de la víctima, cuando convierte la seguridad en un discurso y no en una política, está empujando a la población a segregarse. Y después tiene el tupé de llamar “tragedia” a esa reacción.

Andrade habla de “ciudad quebrada”. Tiene razón en una cosa: la ciudad está quebrada. Pero no la quebraron los que pusieron un portón. La quebraron los que durante veinte años miraron para otro lado mientras la violencia se instalaba, los que relativizaron el delito, los que convirtieron la palabra “mano dura” en un insulto y la palabra “rehabilitación” en una excusa permanente. La ciudad se quiebra cuando el Estado abandona su monopolio legítimo de la fuerza y deja que las bandas impongan las reglas en los barrios.

Hay algo especialmente cínico en el argumento. El mismo sector político que más hizo por erosionar la confianza social y la seguridad cotidiana ahora se erige en defensor de la “ciudad integrada”. Como si la integración fuera posible cuando una parte de la población vive con miedo y la otra parte vive del discurso. La integración real no se impone por decreto ni se logra criticando a los que se protegen. Se logra cuando el Estado vuelve a cumplir su función mínima: que el que delinque pague, que el que trabaja y produce pueda vivir sin miedo, y que la propiedad privada sea respetada de verdad y no solo en los discursos de campaña.

Los barrios privados no son perfectos. Ninguna solución privada lo es. Pero son la respuesta lógica de personas que ya no confían en que el sistema político les garantice lo elemental. Criticarlos sin hacerse cargo del contexto que los hizo necesarios es, como mínimo, una falta de honestidad intelectual. En el caso de alguien que integra el partido que gobernó durante años con esas políticas, es directamente una provocación.

Primero te dejan sin seguridad.

Después te critican por querer vivir seguro.

Caretas es poco.