El proyecto siderúrgico del Mutún ha sido una de las banderas del Movimiento al Socialismo (MAS) desde su llegada al poder en 2006. Durante casi dos décadas, el Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones el inicio de la industrialización del mineral de hierro en Bolivia, presentándolo como un paso fundamental hacia la soberanía productiva. Sin embargo, la historia del Mutún está marcada por fracasos, promesas incumplidas y decisiones cuestionables que ponen en duda la viabilidad real del proyecto.
En 2007, el gobierno del exdictador Evo Morales firmó un contrato con la empresa india Jindal Steel & Power para la explotación del yacimiento. No obstante, en 2012, la empresa se retiró denunciando incumplimientos en la provisión de gas por parte del Estado. Tras este fracaso, se buscó a otra compañía, y en 2016, el contrato fue adjudicado a la empresa china Sinosteel. La construcción del complejo siderúrgico debía concluir en 2021, pero los constantes retrasos han postergado su operatividad hasta 2025.
De acuerdo con el régimen, el complejo siderúrgico del Mutún está financiado en un 85% por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), con una inversión de $546 millones. El Estado boliviano aporta el 15% restante. Se espera que la planta produzca 200.000 toneladas anuales de acero, lo que cubriría la mitad de la demanda interna y generaría ingresos de aproximadamente $260 millones anuales.
Sin embargo, analistas económicos han advertido que si los costos de producción no son competitivos, el gobierno podría verse obligado a subvencionar el acero para mantener el proyecto a flote. De hecho, se teme que el Mutún termine convirtiéndose en otro "elefante blanco", una obra costosa que no logre autosostenerse y que se convierta en una carga para el Estado.
