El periodista Junior Arias y su canal DTV están en el centro de una nueva polémica. Documentos oficiales y denuncias parlamentarias revelan que recibieron más de Bs 19,2 millones (USD 2,7 millones) en contratos estatales durante la gestión de Luis Arce.
Los registros del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) muestran adjudicaciones directas por “difusión en medios televisivos y digitales”, principalmente desde el Ministerio de la Presidencia.
Un negocio redondo con el Estado
Entre 2021 y 2023, DTV firmó múltiples convenios con distintas entidades públicas.
En marzo de 2023, Bs 2 millones por difusión mediática.
En noviembre y diciembre de 2022, tres contratos por Bs 1,2 millones, Bs 900.000 y Bs 1 millón.
Otros contratos menores, entre Bs 35.000 y Bs 500.000, se repitieron de forma continua.
Uno de los casos más polémicos: Bs 3 millones por solo 24 días de transmisión, equivalente a Bs 125.000 por día.
Junior Arias y sus negocios con el estado en el ojo de la tormenta
Red de contratos en todo el Estado
El Ministerio de la Presidencia no fue el único cliente. También aparecen contratos con:
Aduana Nacional: Bs 1,6 millones (2023–2024).
YPFB: casi Bs 700.000 entre 2021 y 2023.
Impuestos Nacionales (SIN): Bs 357.000 en 2023.
ASFI, ABE, BOA, Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, con montos que oscilan entre Bs 46.000 y Bs 200.000.
En total, más de 25 contratos en 13 meses, según la denuncia del diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS.
El “favoritismo” de siempre
El diputado denunció un direccionamiento claro de la publicidad estatal hacia un periodista con llegada nacional. “Mientras medios comunitarios agonizan, otros concentran millones en propaganda oficial”, afirmó Arce.
Casos similares se han visto en Ecuador, Argentina y Venezuela, donde la pauta estatal se transformó en una herramienta de control político y censura indirecta.
¿Publicidad institucional o propaganda?
El Gobierno argumenta que los contratos responden a fines “institucionales”. Sin embargo, la repetición, el monto y la afinidad editorial de DTV con el oficialismo alimentan sospechas de propaganda encubierta.
En medio de una crisis económica, con déficit fiscal, inflación y escasez de combustibles, destinar millones a un solo medio privado genera indignación.
El trasfondo político
El caso surge en plena fractura interna del MAS, entre el presidente Arce y Evo Morales. Para muchos, la cobertura mediática de DTV juega un papel clave en esa guerra de facciones.
La pregunta que sobresale es: ¿estamos ante un esquema de publicidad legítima o frente a un mecanismo de propaganda con dinero de todos los bolivianos?
