La gestión provincial busca cerrar la paritaria con el SEP pero enfrenta una fuerte resistencia de los judiciales.
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La administración de Córdoba intenta concretar un cierre definitivo en la negociación salarial con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) durante esta semana. El esquema propuesto por el equipo de Martín Llaryora contempla un incremento anual cercano al 40% para equiparar lo otorgado al sector docente. Sergio Castro, secretario general del gremio, encabeza las tratativas para mejorar la composición del sueldo básico.
Las conversaciones actuales se centran en reducir el impacto de las sumas no remunerativas que el Gobierno provincial pretende incluir en los haberes. David Consalvi, secretario general de la Gobernación, estimó que el gasto salarial total para este año superará la cifra de $1,2 billones. El sindicato también exige respuestas concretas sobre las recategorizaciones pendientes para los trabajadores que cumplen funciones en el área de Salud.
A pesar de la voluntad de ambas partes por alcanzar un entendimiento, la firma del acuerdo oficial se mantuvo demorada hasta las últimas horas. La caída en la recaudación provincial y la presión inflacionaria actual obligan a los negociadores a revisar minuciosamente cada punto del contrato laboral. El objetivo del Ejecutivo provincial es lograr una paz social que se extienda por 12 meses para ordenar el frente gremial en todo el territorio cordobés.
El gremio de los judiciales llevará a cabo, este martes, una concentración en el Palacio de Tribunales I en rechazo al descuento aplicado por los días de huelga
Protestas y asambleas en Tribunales I
El escenario es opuesto en el Poder Judicial, donde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial decidió profundizar su plan de lucha tras el último paro. Este martes se llevará a cabo una concentración en el Palacio de Tribunales I en rechazo al descuento aplicado por los días de huelga. El cronograma de protestas incluye asambleas de 2 horas por cada turno en dependencias claves como la Policía Judicial y la Dirección de Investigación Operativa.
Los trabajadores judiciales demandan que se respete el acuerdo de equiparación firmado en 2025 y exigen un adelanto en el blanqueo de las cuotas pendientes. El reclamo también se dirige contra la Ley 11.087, normativa que incrementó los aportes jubilatorios afectando tanto a empleados activos como a pasivos. Para el próximo viernes se prevé una acción conjunta con otros gremios para visibilizar el malestar por las condiciones de infraestructura y licencias.
El Tribunal Superior de Justicia recibió pedidos específicos sobre la implementación de agendas vinculadas al trabajo híbrido y la cobertura de vacantes. Aunque se anunciaron ascensos recientemente, el gremio mantiene las medidas de fuerza al considerar que la recomposición salarial no cubre las necesidades básicas. La tensión en los pasillos judiciales de Córdoba refleja la falta de coincidencias sobre los plazos y alternativas para mejorar los ingresos del sector.
