La ciudad de La Calera, la octava más poblada de Córdoba, volvió a quedarse sin agua. El corte, decidido por la empresa Colón Punilla S.A., afectó a barrios, escuelas, centros de salud y familias enteras, y reavivó un conflicto institucional entre el municipio y la Provincia que lleva más de un año sin resolverse.
La empresa opera el servicio por decisión del Gobierno Provincial, que le otorgó la concesión de manera directa, sin licitación y mediante un permiso precario que hoy se encuentra vencido. Lo hace, además, acumulando deudas con EPEC por la energía, con el municipio por las tasas de su planta potabilizadora y con la propia Provincia por el agua que recibe, sin presentar balances, estados contables ni plan de obras.
Una deuda verificada por la Justicia
El origen del conflicto está documentado. Históricamente, La Calera no pagaba por el agua mayorista que recibía de la Provincia. Eso cambió a fines de 2023, cuando el intendente saliente Facundo Rufeil, tras perder las elecciones, comprometió a la ciudad a pagar unos $200 millones mensuales y reconoció por declaración jurada un consumo mayor al real.
La gestión de Fernando Rambaldi pagó ese monto durante más de un año, mientras sus equipos técnicos advertían que la ciudad recibía menos agua de la que se le facturaba. Ante la sospecha, el municipio acudió a la Justicia y logró la instalación de un macromedidor a la salida de la planta potabilizadora. La medición fue contundente: La Calera pagó de más durante un año, generando un saldo a favor mayor a los $1.000 millones.
