La administración municipal de Córdoba afronta un colapso financiero estructural debido a la vigencia del anacrónico régimen del Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal. Este marco regulatorio, sancionado mediante la Ordenanza 7244 durante la gestión del comisionado Alejandro Gavier Olmedo en 1980, otorga privilegios a diversos empleados del municipio. El intendente filokirchnerista, Daniel Passerini, posterga la reforma de este estatuto inviable que compromete seriamente el desarrollo del presupuesto de la ciudad que gobierna de manera ineficiente.
El líder del gremio Suoem, Rubén Daniele, consolidó desde 1983 una estructura corporativa que blindó cada uno de estos costosos beneficios. A pesar de registrar 28 modificaciones por ordenanza y 41 decretos reglamentarios, el texto normativo original solamente sumó prebendas corporativas. El exintendente y actual gobernador Martín Llaryora aplicó en 2020 una reducción horaria menor sin alterar las bases de la cuestionada estabilidad.
Ante la imposibilidad de sostener los altos costos de la planta oficial, el municipio precariza el empleo mediante becarios y monotributistas. Estos agentes informales realizan tareas municipales equivalentes percibiendo salarios reducidos de apenas entre el 10% y el 30% del costo ordinario. La intendencia prefiere el desorden y la precarización administrativa antes que enfrentar los reclamos del sindicato para reorganizar la planta real.
Rubén Daniele, titular del Suoem
Consecuencias del descontrol en áreas críticas
La desidia municipal en la selección de personal contratado quedó al descubierto de la peor manera tras el asesinato de la joven Agostina Vega. El presunto asesino Claudio Barrelier trabajaba en el área de Tránsito como becario pese a arrastrar una detención previa de 20 días por privación de libertad. La ausencia total de auditoría y controles internos en los legajos demuestra la alarmante debilidad institucional que padece la actual gestión de Passerini.
Actualmente, existen diversas fundamentaciones de funcionarios municipales para justificar esta precarización laboral, calificándolo como un recurso para viabilizar el municipio (que arrastra serios problemas financieros). La resignación oficialista delinea un modelo que prioriza sostener un esquema de privilegios inviables en lugar de reestructurar la planta de raíz y terminar con gastos innecesarios. Ni los sectores del oficialismo ni los representantes de la oposición plantean debates serios para derogar estas normas extraordinarias.
Las desmesuradas incorporaciones de las intendencias previas de Luis Juez y Daniel Giacomino agravaron la insolvencia de la administración local. Durante aquellos años de descontrol estatal, la municipalidad llegó a destinar más del 70% de todos sus ingresos corrientes a cubrir la masa de salarios municipales. El exintendente Ramón Mestre frenó la ampliación de la planta estable pero inició el uso masivo de figuras de contratación externa sin beneficios.
La municipalidad de Córdoba posterga la reforma de un estatuto inviable que compromete seriamente el desarrollo del presupuesto de la ciudad
Conflictos respecto a la fiscalización
La creación del Ente de Fiscalización y Control generó un duro conflicto de intereses debido a la negativa sindical a transferir sus inspectores. La corporación sindical rechazó de forma unánime que los más de 200 inspectores asignados al área fuesen trasladados hacia este nuevo organismo. El gremio argumenta que el traspaso vulnera las condiciones excepcionales de estabilidad y de licencias consagradas en el Estatuto de 1980.
El municipio propuso la modalidad de pase en comisión para mantener la dependencia de origen pero la respuesta del gremio fue una disputa violenta. Únicamente 29 agentes pertenecientes a la planta permanente aceptaron incorporarse formalmente a las tareas de inspección de la nueva entidad. La conducción del Suoem amenaza con intensificar las protestas callejeras ante la posibilidad de que se recorten adicionales salariales específicos.
El polémico régimen contiene beneficios extraordinarios que otorgan 180 días de licencia por maternidad y 160 días en los casos de adopción directa. Los agentes acceden además a licencias pagas de hasta 2 años por capacitación, 21 días por examen, 20 días por eventos y franquicias particulares. También gozan de 180 días extra por discapacidad del hijo, hasta 30 días por violencia familiar y licencias de 7 días sanitarios o 10 profilácticos.
