El fiscal Anticorrupción Franco Mondino elevó a juicio la causa contra el inspector municipal Rodrigo Sebastián Olmos por el delito de cohecho pasivo. El funcionario está acusado de recibir dinero del DJ Joaquín Ignacio Brunotto para omitir la denuncia de eventos electrónicos clandestinos. El expediente fue remitido a la Cámara 10ª del Crimen donde el debate oral definirá la responsabilidad de los dos implicados por los pagos ilegales.
La investigación destapó una red de corrupción mediante chats de WhatsApp que detallan la coordinación entre el organizador y el agente municipal. Brunotto informó a Olmos sobre una fiesta en el predio Qatar en Villa Retiro que carecía de la autorización municipal para su realización.
Ambos sujetos coordinaron un encuentro en el centro de la ciudad el 5 de febrero de 2024 para ejecutar la entrega de la coima pactada tras la fiesta. La fiscalía sostiene que Olmos aceptó el dinero y evitó denunciar la actividad ilegal salvando al empresario de fuertes multas y de las sanciones. Este comportamiento corrupto muestra la falta absoluta de control sobre la burocracia local que facilita kioscos creados
Municipalidad de Córdoba
Negocio clandestino y protección oficial mediante chats
Un segundo hecho ocurrió el 9 de febrero de 2024 durante un show titulado Zisko en el local Sala Formosa ubicado en el tradicional barrio de Güemes. El organizador consultó al inspector municipal vía teléfono móvil sobre cuánto le iba a cobrar por la fecha de ese viernes para operar sin controles. El inspector acusado se dirigió a una vivienda de Alta Córdoba para recibir otra suma ilegal de dinero para seguir con la protección de la fiesta.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que Rodrigo Sebastián Olmos sea juzgado como supuesto autor del delito de cohecho pasivo según el código penal vigente. Joaquín Ignacio Brunotto enfrentará el mismo proceso como autor de cohecho activo por haber corrompido a un funcionario público en sus funciones. La evidencia recolectada revela un mecanismo sistemático de cobro que pone en riesgo la transparencia institucional de la gestión municipal actual.
El debate oral se llevará a cabo en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba donde se fijarán las penas por estos delitos que afectan a la administración. Este juicio expone cómo la falta de transparencia en los entes de control municipal permite la creación de negocios ilegales que dañan al privado. Los ciudadanos exigen una justicia eficiente que termine con estos nichos de corrupción dentro de la estructura del estado para evitar el despilfarro.
La investigación destapó una red de corrupción mediante chats de WhatsApp
