Los abogados defensores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro formularon un pedido de nulidad contra las exposiciones de la querella en el juicio que enfrenta el ex legislador Oscar González por la tragedia vial de las Altas Cumbres. La presentación fue elevada ante la Cámara del Crimen de Villa Dolores, tribunal que se encuentra bajo la presidencia del juez Santiago Camogli. El planteo cuestiona de forma directa las intervenciones realizadas por los representantes de los damnificados durante las audiencias destinadas a las acusaciones finales.
Entre los argumentos expuestos por la defensa se destaca la objeción al abogado Lucas Cocha por insistir en encuadrar el hecho como homicidio simple con dolo eventual sin formular una solicitud de pena concreta. Dicha falta de pedido punitivo específico invalida la acusación realizada según el escrito, punto que fue remarcado en la sala de audiencias por el magistrado Camogli. Por otra parte, impugnaron la exposición de Germán Romero Marcón, quien requirió 10 años de prisión por homicidio simple y, de manera subsidiaria, 6 años por homicidio culposo agravado, junto a 10 años de inhabilitación para conducir.
Los letrados defensores afirmaron que Romero Marcón solicitó la condena sin analizar adecuadamente el material probatorio ni fundamentar la responsabilidad atribuida a González dentro del expediente. Asimismo, aclararon que los discursos de ambos abogados no pueden considerarse complementarios debido a que ejercen la representación de damnificados diferentes con personería independiente. En ese marco, la defensa ratificó las objeciones formales sobre el modo en que las querellas estructuraron sus fundamentos acusatorios.
Oscar González ingresando a los Tribunales de Villa Dolores
Pedidos de exclusión y posiciones de la fiscalía
La representación legal del imputado solicitó además declarar el desistimiento de la querella encabezada por Emiliano Binante, quien actuaba en nombre de Vera Szulewicz, hija de la fallecida Alejandra Bengoa. Los defensores argumentaron que el profesional no emitió pronunciamiento alguno durante la etapa de los alegatos, configurando el abandono definitivo de su rol de querellante particular. Ante un eventual rechazo de sus planteos por parte del tribunal provincial, Ortiz Pellegrini y Caeiro formalizaron la reserva del caso federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En forma paralela, la fiscal Analía Gallaratto sostuvo la calificación legal atribuida desde la instrucción penal bajo la figura de homicidio culposo agravado. En su exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de una pena de 3 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Oscar González. La formulación de la fiscalía incluyó además la sanción accesoria de 10 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores.
Las partes intervinientes aguardan la resolución formal que emitirá la Cámara del Crimen de Villa Dolores respecto de los incidentes de nulidad formulados por la defensa. El tribunal deberá resolver las impugnaciones antes de continuar con la instancia final del debate oral y público que se desarrolla en el departamento San Javier. La decisión de los jueces determinará la validez legal de las peticiones formuladas por los representantes de las víctimas en la causa.
