Un grupo de diputados nacionales por la provincia de Córdoba presentó en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley con el objetivo directo de regular la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos. La iniciativa legislativa busca combinar disposiciones de carácter administrativo con profundas reformas al Código Penal argentino para sancionar con severidad las situaciones derivadas de agresiones que causen lesiones o muertes. El texto normativo fue promovido por la diputada nacional Alejandra Torres junto a otros parlamentarios cordobeses tras registrarse diversos ataques en la provincia, incluyendo un fallo judicial con una condena de 8 años de prisión.
Entre sus aspectos fundamentales, la propuesta exige crear un registro especial de perros peligrosos e implementar la obligación de colocarles un chip de identificación para garantizar la correcta ubicación del animal dentro del sistema. Asimismo, el proyecto contempla la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños ocasionados a terceros, al tiempo que fija reglas específicas para la tenencia y la circulación de estos animales. Por otra parte, la medida establece un régimen de responsabilidad civil formal para propietarios, tenedores o cuidadores e incorpora formalmente al Código Penal una serie de nuevas conductas delictivas vinculadas a los daños causados.
Según explicó la diputada nacional Alejandra Torres, la finalidad del proyecto consiste en articular un marco nacional de prevención apto para determinar con claridad las responsabilidades legales ante la ocurrencia de ataques violentos. Un punto central de la iniciativa reside en la modificación de la norma penal para castigar a los dueños, tenedores o cuidadores cuando sus animales intervengan de manera directa en hechos que provoquen homicidios o lesiones físicas. Del mismo modo, la regulación pretende penalizar conductas negligentes consideradas riesgosas antes de un ataque, imponiendo sanciones a quienes dejen perros potencialmente peligrosos sueltos e indefensos en la vía pública sin la debida supervisión.
Las penas previstas buscan desincentivar las conductas irresponsables de los cuidadores para evitar la proliferación de incidentes graves
Competencias jurisdiccionales y desafíos del control
La iniciativa delinea una clara división de competencias institucionales entre el ámbito federal y las administraciones subnacionales para asegurar el cumplimiento efectivo de las distintas normas en todo el territorio argentino. Por un lado, el Congreso de la Nación posee las facultades de fondo para realizar modificaciones en el Código Penal y fijar la exigencia de contratar un seguro de responsabilidad civil para la tenencia de las mascotas. Por otro lado, la aplicación concreta de las disposiciones administrativas relacionadas con el control, la fiscalización y la gestión del registro corresponderá a las autoridades provinciales y a los gobiernos municipales dentro de sus jurisdicciones.
De esta forma, la ley busca edificar un marco general preventivo para todo el país, aunque la operatividad real de las medidas dependerá de los mecanismos de inspección que aplique cada municipio en su ámbito local. En la provincia de Córdoba existen actualmente diversas reglamentaciones municipales vigentes sobre la tenencia de animales, pero el debate institucional se centra en la capacidad de los organismos para fiscalizar que las reglas se cumplan. El proyecto aborda desde los requisitos para la identificación individual de los animales hasta las condiciones de seguridad exigidas para su traslado y paseo, junto con un esquema de sanciones ante cualquier tipo de infracción.
Las penas previstas buscan desincentivar las conductas irresponsables de los cuidadores para evitar la proliferación de incidentes graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas en los espacios comunitarios. El debate parlamentario se iniciará formalmente en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados, donde los legisladores nacionales analizarán minuciosamente el alcance técnico de cada una de las propuestas contenidas en el texto. En esas comisiones de trabajo se discutirán la distribución de competencias entre los distintos niveles del Estado, los mecanismos de implementación operativa y las modificaciones planteadas para incorporar nuevos tipos penales frente a estos ataques.
