El fiscal Enrique Gavier elevó a juicio a 9 implicados por integrar una asociación ilícita dedicada a estafas millonarias.
Una compleja trama de corrupción institucional en el Complejo Penitenciario de Bouwer salió a la luz tras la elevación a juicio de su cúpula operativa. El fiscal Enrique Gavier describió una estructura de "cogobierno" entre funcionarios del Servicio Penitenciario y reclusos de alta peligrosidad del módulo MD1. Esta banda criminal facilitaba el ingreso de tecnología prohibida para ejecutar fraudes telefónicos que generaron ganancias de millones de pesos.
La asociación ilícita estaba liderada por el alcaide Ramón Emanuel Dewar y la enfermera Jessica Pamela Barrera, quien ingresaba celulares de forma clandestina. Los dispositivos eran entregados al interno Lucas Germán Méndez, referente del pabellón D4, conocido en la jerga carcelaria como el "pabellón millonario". Solo uno de los proveedores externos recibió transferencias por más de $10 millones en un lapso de apenas 7 meses.
La investigación judicial reveló que los guardiacárceles protegían activamente a los delincuentes mediante la confección de actas de secuestro falsas. Cuando se detectaban dispositivos en manos de los líderes, los oficiales declaraban que habían sido hallados sin responsable en el perímetro externo. Este mecanismo evitaba sanciones disciplinarias y permitía que la industria del fraude continuara operando con total impunidad dentro de los muros estatales.
Incluso, se constató que los guardias alertaban a los reclusos sobre las requisas inminentes para que pudieran ocultar los aparatos en el cielorraso de las celdas. Esta relajación deliberada de los controles ocurrió durante la gestión de Juan María Bouvier, evidenciando una profunda degradación de la institucionalidad carcelaria. La banda operaba con múltiples billeteras virtuales para evadir los bloqueos bancarios y coordinar pagos en efectivo a proveedores externos.
La causa expone cómo la falta de transparencia en los organismos de seguridad permite que el crimen organizado se infiltre en las estructuras del Estado. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsedad ideológica y falso testimonio en un proceso que busca desarticular este núcleo delictivo enquistado. La sociedad demanda un orden fiscal y administrativo que garantice que los centros de reclusión cumplan su función y no sean centros de estafa.
El oficial Marcelo Fernando Matos permanece prófugo, mientras el resto de la banda espera el debate oral que determinará sus responsabilidades penales definitivas. La caída de este esquema de corrupción penitenciaria es un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones públicas de la provincia de Córdoba. El fin del "pabellón millonario" marca el inicio de una depuración necesaria para erradicar la connivencia delictiva en el sistema carcelario.
