El intendente de La Calera lleva echados más de 200 empleados entre noquis, corruptos y ladrones a la vez que reconoce a quienes trabajan con sueldos, maquinaria y equipamiento.
La gestión de Fernando Rambaldi en La Calera marca un antes y un después en la administración de los recursos que aportan los contribuyentes cordobeses. Bajo la premisa de que "al Estado se viene a trabajar, no a robarle a los vecinos", el intendente ya dio de baja más de 200 contratos irregulares. Estos sujetos representaban vínculos fantasmas de personas que cobraban haberes públicos sin presentarse a cumplir ninguna tarea en el municipio.
Esta política de orden fiscal permitió reasignar partidas hacia una reparación histórica salarial que cubrió la inflación acumulada desde el año 2019. Gracias al ahorro generado por la quita de privilegios, los sueldos de la ciudad dejaron de ser los más bajos de toda la región cordobesa. Y además, se blanquearon todos los incrementos que durante más de 10 años habían sido dados en negro, con el beneficio que eso trae a los activos, pero también a los jubilados.
La modernización de La Calera se materializó en la compra de un parque automotor con 20 máquinas 0km, herramientas y uniformes nuevos para los operarios. Un trabajador afirmó que pasó de manejar un camión modelo 1982 con miedo por su integridad física a uno modelo 2024 con aire acondicionado. Esta renovación del capital físico asegura que los impuestos de los vecinos se traduzcan en servicios de alta calidad y mayor productividad.
El intendente Rambaldi, al que muchos le achacan su catolicismo, parece haber hechos suya la frase de San Pablo a los Tesalonicenses: "El que no quiera trabajar, que no coma". La batalla contra la corrupción estructural en La Calera demuestra que es posible transformar la administración cuando existe voluntad política y transparencia real. El respeto por el trabajador honesto y el equipamiento adecuado es el único camino para la reconstrucción de la institucionalidad nacional.
El saneamiento incluyó auditorías que derivaron en el despido y denuncia penal de otros 20 empleados por graves delitos contra la propiedad municipal. Los cargos detallan pedidos de coimas, facturas truchas, robo de combustible y conexiones clandestinas de luz y cloacas entre otros tantos ilícitos. "Desarmamos todos los kiosquitos que tenían, dónde cada cual se quedaba con un vuelto extra" afirmó el mandatario de forma contundente.
La transparencia en la función pública también fue parte de su agenda, al requerir el uso de la huella digital para controlar el horario de todos los funcionarios municipales. Los trabajadores de carrera expresan su asombro ante una gestión donde "vemos al intendente y a los funcionarios venir todos los días a trabajar, eso en gestiones anteriores no pasaba". Esta medida termina con la impunidad de la vieja política y asegura que cada peso del erario responda a una labor efectiva.
