Fiscales solicitan el procesamiento de dos camaristas federales de Córdoba
Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi, los camaristas cordobeses acusados de supuestas maniobras irregulares en la conformación de tribunales
Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano solicitaron formalmente el procesamiento de los camaristas federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi por supuestas maniobras irregulares en la conformación de tribunales. El requerimiento fiscal contempla además el pedido de prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria para Abel Guillermo Sánchez Torres debido a una acusación paralela por hostigamiento contra una funcionaria. No obstante, los representantes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba aclararon expresamente sobre la medida cautelar: "Sin hacer efectiva la privación de libertad mientras el procesado mantenga su inmunidad de arresto".
La pesquisa penal sostiene que ambos magistrados habrían actuado coordinadamente para vulnerar la Ley de Subrogancias y las normativas reglamentarias internas en el tribunal de alzada. Según consta en la presentación, el primer hecho investigado ocurrió en el expediente "Padilla", donde Graciela Susana Montesi habría desplazado por sorteo a la jueza Liliana Navarro para incorporar a su pareja. La acusación del Ministerio Público Fiscal remarca que esta alteración del mecanismo legal buscaba garantizar un criterio unánime previo en la resolución de la causa principal "Bunge".
La segunda maniobra bajo sospecha judicial se registró en diciembre de 2023 durante la tramitación del expediente caratulado "Humanes". En aquella oportunidad, Abel Guillermo Sánchez Torres habría firmado un decreto para incluir a Graciela Susana Montesi en la Sala, contraviniendo el régimen ordinario de reemplazos. La maniobra provocó la negativa expresa de la secretaria penal Celina Laje Anaya a convalidar la certificación y derivó en el reclamo posterior de la jueza Liliana Navarro amparada en el Acuerdo 316/2023.
Las peticiones concretas fueron dirigidas al juez Alejandro Sánchez Freites para resolver la situación procesal de los camaristas
Acusaciones formales y pruebas presentadas
A raíz de la resistencia opuesta por la funcionaria judicial de Córdoba a suscribir la resolución irregular, Abel Guillermo Sánchez Torres habría iniciado acciones continuadas de amedrentamiento profesional. La Fiscalía describió un contexto prolongado durante casi dos años caracterizado por gritos, aislamiento operativo, presiones directas, quita de funciones y sobrecarga laboral. Este cuadro de hostigamiento sistemático derivó en un deterioro grave e incapacitante de la salud física y psíquica de Celina Laje Anaya dentro del ámbito de la Cámara.
Los fiscales encuadraron la conducta de ambos imputados en el delito de abuso de autoridad por dictar resoluciones contrarias a las leyes que regulan la integración de tribunales. En relación con el accionar de Abel Guillermo Sánchez Torres, sumaron la imputación de lesiones serias agravadas por mediar violencia de género debido a la asimetría de poder ejercida. El dictamen acusatorio reúne testimonios, actas administrativas, registros médicos, mensajes de texto, audios, fotografías, conversaciones virtuales y resoluciones internas de la institución.
El escrito de 94 páginas presentado ante la Justicia Federal incluye peticiones concretas dirigidas al juez Alejandro Sánchez Freites para resolver la situación procesal de los camaristas. Los acusadores solicitaron expresamente que se "ordene el procesamiento y arresto domiciliario de Abel Sánchez Torres como coautor de abuso de autoridad y autor de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género". Asimismo, los fiscales requirieron en el tramo final del documento: "ordene el procesamiento de Graciela Montesi como coautora de abuso de autoridad".
Los dos magistrados rechazaron la totalidad de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba
Descargos presentados por los magistrados
Los dos magistrados rechazaron la totalidad de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba al prestar sus correspondientes declaraciones. Abel Guillermo Sánchez Torres desmintió la existencia de conductas violentas en el ámbito de trabajo y argumentó que las falencias en la conformación de las salas obedecieron a un error administrativo corregido. Respecto a la modificación en el esquema de tareas de la secretaria penal Celina Laje Anaya, el magistrado aseguró que la reasignación respondió a una solicitud voluntaria formulada por la propia empleada.
Por su parte, Graciela Susana Montesi negó de manera categórica haber formado parte de un acuerdo ilícito para alterar la composición de los tribunales de alzada. La camarista justificó las decisiones tomadas en el expediente "Padilla" al atribuirlas a cuestiones metodológicas de la Sala y al procedimiento habitual de recirculación de causas. Sin embargo, los fiscales intervinientes sostienen que los elementos probatorios acumulados en el expediente alcanzan la certidumbre requerida para avanzar con el procesamiento formal.
El magistrado Alejandro Sánchez Freites deberá evaluar las actuaciones presentadas para definir la situación procesal de los dos camaristas imputados. La causa generó expectativas institucionales dentro del fuero federal debido a la gravedad de los delitos atribuidos a integrantes del tribunal de alzada provincial. Se aguarda la resolución judicial que determinará si se confirman los procesamientos y si se inicia el trámite para la privación de libertad en el fuero correspondiente.
