Ingresan hoy a la Legislatura de Córdoba los pedidos de jury contra los fiscales Garzón y Rodríguez

La conmoción social provocada por el crimen derivó en una profunda crisis política que impacta directamente en las diversas esferas de la administración pública provincial. El intendente capitalino Daniel Passerini asumió de forma pública que el acusado Claudio Barrelier continuó como empleado municipal a pesar de, paradójicamete, registrar antecedentes penales. El detenido por el asesinato había ingresado originalmente a la función pública local durante la anterior gestión del actual gobernador Martín Llaryora.

Las diferentes bancadas del arco opositor promueven además la renuncia inmediata del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, para controlar la agenda parlamentaria. Los legisladores de la Unión Cívica Radical, Frente Cívico, Encuentro Vecinal, PRO, La Libertad Avanza, Valores Republicanos y Mejor Futuro unificaron sus firmas para este pedido. Los escritos formalizados se entregarán directamente ante la oficina de la presidenta del jurado de enjuiciamiento, la legisladora Julieta Rinaldi.

Diferencias técnicas y debate en las comisiones

Por su parte, el Frente de Izquierda ya había remitido un expediente por separado contra Raúl Garzón junto con las integrantes civiles de la asamblea Ni Una Menos. Sin embargo, los representantes del oficialismo consideran que los magistrados denunciados se encuentran en situaciones procesales e institucionales totalmente diferentes entre sí. Los operadores parlamentarios estiman que el fiscal Iván Rodríguez afronta el panorama más complejo debido a las resoluciones que dictó con anterioridad.

El mencionado funcionario judicial otorgó la libertad bajo fianza un año atrás a Barrelier en una causa referida a la presunta privación ilegítima de la libertad contra otra mujer. El imputado cumplió 20 días de prisión efectiva en el penal de Bouwer antes de regresar a la misma vivienda donde aconteció el asesinato de Agostina Vega. Frente a este escenario real, existen versiones que indican que el peronismo cordobés podría habilitar el debate interno para evaluar minuciosamente dicho desempeño técnico.

Las autoridades de los bloques opositores planeaban coordinar una sesión especial para esta semana, pero debieron postergar la convocatoria formal para la semana próxima. De este modo, el próximo miércoles se desarrollará una sesión ordinaria tradicional en el recinto legislativo de la provincia. Los analistas políticos descuentan que las deliberaciones de la jornada estarán cruzadas por fuertes discusiones referidas a las derivaciones institucionales del caso.