La Fiscalía General de la provincia de Córdobareunió un total de 12 causas judiciales por violencia entre gremios e inició una investigación por narcotráfico. En forma simultánea, el equipo acusador confirmó que interpondrá un recurso de casación contra la resolución emitida por los magistrados de la Cámara 3ª del Crimen. La medida judicial busca revocar la absolución dictada en favor de Gustavo Herrera por el homicidio de su hermana Gabriela Pérez, ocurrido el 9 de septiembre de 2023.
La postura oficial del Ministerio Público Fiscal fue comunicada a menos de 48 horas de difundirse los fundamentos completos elaborados por las autoridades del juicio. La impugnación legal será presentada en conjunto por la fiscal de Cámara Laura Battistelli y el fiscal de instrucción Marcelo Sicardi para revertir la absolución. Mediante la firma formal del fiscal general adjunto Héctor David, la cúpula del organismo judicial emitió dos instrucciones precisas dirigidas a reordenar las causas.
La fiscalía provincial analizará los elementos reunidos para verificar si miembros de la barrabrava de Talleres de barrio Yapeyú realizaban maniobras de narcotráfico. En declaraciones públicas concedidas a Cadena 3, la fiscal de Cámara Laura Battistelli criticó la estructura del fallo redactado por los jueces de la Cámara 3ª del Crimen. La representante del Ministerio Público señaló que la resolución judicial padece de fallas lógicas y presenta un manejo técnico deficiente al evaluar los indicios.
La primera directiva dispone que la fiscal de instrucción, Silvana Fernández, asuma la totalidad de los expedientes para determinar la autoría intelectual del hecho. Los investigadores buscan dar con el paradero del prófugo Luis Mendoza, considerado una pieza clave del expediente, trabajando junto a fuerzas de seguridad nacionales. Por otra parte, la segunda instrucción encomienda al fiscal de Narcotráfico, Carlos Cornejo, determinar la existencia de delitos vinculados al comercio de drogas.
Durante el 2023, el proceso electoral del Soelsac registró una escalada de diversos hechos de violencia
Investigación sobre posibles delitos de narcotráfico
La pesquisa sobre el tráfico de estupefacientes deriva de las afirmaciones vertidas durante el juicio por el secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi. El dirigente sindical acusó al referente del Surrbac, Franco Saillén, de pretender tomar el control de la entidad para ampliar la distribución de sustancias ilegales. Tras esas graves acusaciones, la fiscal federal subrogante Virginia Miguel Carmona citó a Fittipaldi en varias ocasiones, pero este excusó su presencia con certificados.
Según la postura de la acusación, el tribunal fragmentó los elementos probatorios presentados durante el proceso en lugar de analizarlos de manera integrada y conjunta. Laura Battistelli remarcó que los magistrados descartaron pruebas esenciales de los fiscales para forzar una duda insuperable que terminó beneficiando al acusado. Entre las omisiones observadas por los acusadores se destaca la falta de análisis de escuchas telefónicas fundamentales que fueron reproducidas en las audiencias.
Sergio Fittipaldi acusó al referente del Surrbac, Franco Saillén, de estar relacionado con el narcotráfico
Cuestionamientos a la valoración de la prueba
La acusación hizo hincapié en un diálogo telefónico registrado la madrugada del hecho entre el sujeto denominado "Gringo" Gómez y el integrante de la barra de Talleres, Hugo Cardozo. Para el organismo judicial, esa llamada evidencia que la balacera respondía a una disputa por intereses gremiales y no a un cruce entre parcialidades del fútbol. La fiscalía criticó que la sentencia haya descartado el móvil sindical para reducir el homicidio a una simple pelea de hinchadas iniciada tiempo antes en un estadio.
El tribunal aplicó dicho criterio al juzgar a Adrián Vallejos, imponiéndole una pena de 8 años de prisión como partícipe secundario tras desvincularlo del gremio. La fiscal Laura Battistelli explicó que la hipótesis buscaba ascender en la cadena de mandos sindicales, pero la resolución del tribunal obstaculizó ese objetivo. Asimismo, la acusadora cuestionó la falta de grabación de los alegatos finales debido a fallas técnicas registradas en el sistema informático oficial denominado Cícero.
El inconveniente en la grabación se produjo pasadas las 22:00 horas, afectando el registro audiovisual de los discursos de clausura presentados por las partes. Laura Battistelli remarcó que la custodia y correcto funcionamiento de los registros audiovisuales que reemplazan a las actas escritas es responsabilidad de la Cámara. Con la unificación de las 12 causas y el recurso de casación, el Ministerio Público de Córdoba busca reordenar la investigación para esclarecer la trama de hechos violentos.
