La Municipalidad de Córdoba inhabilitó de forma definitiva al bar Wachitas tras una década de irregularidades

La Municipalidad de Córdoba finalmente decidió revocar finalmente la habilitación comercial de Wachitas, el bar ubicado en Nueva Córdoba que operó como centro de operaciones de un grupo vinculado a la causa por el crimen de Agostina Vega. La decisión del Ente de Fiscalización y Control Municipal llegó tras años de permisividad, donde el local funcionó bajo un esquema de rotación de titulares que, desde 2016, permitió a la misma red familiar obtener sucesivos permisos a pesar de las constantes faltas a la seguridad e higiene.

Esta clausura definitiva no es producto de una política de control proactiva, sino la reacción tardía de una gestión que recién actúa cuando el establecimiento queda envuelto en un hecho de extrema gravedad. El local acumulaba 3 clausuras en menos de 2 años, presentando fallas críticas como instalaciones eléctricas clandestinas, falta de salidas de emergencia y modificaciones edilicias no declaradas, incluyendo la demolición de una pared divisoria y la insólita instalación de camas en una zona supuestamente destinada a servicios.

"Si vos modificás algo en cualquier habilitación, ya es grave porque no lo declaraste", intentó justificar el titular del ente municipal, deslindando una responsabilidad política que debió ejecutarse mucho antes de que el nombre del bar apareciera en expedientes judiciales por encubrimiento.

Desidia, clientelismo y falta de control

La historia de Wachitas desnuda la precariedad de los controles de la Municipalidad de Córdoba, donde los expedientes demuestran que el Estado permitió la operatoria de un "clan" que rotó la titularidad entre los mismos apellidos —Miranda, Regueira, Molina— para burlar las normativas. Incluso Soledad Andreani, hoy detenida por encubrimiento agravado, figuraba en los registros municipales como encargada del lugar y era reconocida por los inspectores debido a su historial de obstrucción durante procedimientos previos, una alerta que fue sistemáticamente ignorada por Daniel Passerini.

La indignación ciudadana crece al observar cómo, hasta el último minuto, el sistema permitió que el local pagara tasas para intentar descargar certificados, ignorando que el establecimiento funcionaba como "tierra fértil" para la ilegalidad. Mientras el sector privado debe soportar una presión burocrática asfixiante para cumplir con cada norma, estos locales protegidos por la inoperancia municipal operaban en Nueva Córdoba con una impunidad absoluta.

Este episodio es el reflejo de un Estado municipal que, en lugar de ser un árbitro de la convivencia, se convirtió en cómplice necesario de la degradación institucional. La falta de transparencia en la otorgación de licencias y la ausencia de una fiscalización real sobre quiénes explotan locales comerciales de alta concurrencia son los pilares de una desidia que, en este caso, se pagó con una tragedia evitable.

Responsabilidad política y el precio de la negligencia

La Municipalidad de Córdoba debe explicar por qué permitió que un local con antecedentes de clausura múltiple siguiera operando bajo el padrinazgo de los mismos actores durante una década. La rendición de cuentas debe ir más allá de una simple inhabilitación administrativa, exigiendo una auditoría profunda sobre todos los responsables de la fiscalización que "miraron para otro lado" mientras las irregularidades se multiplicaban.

El contribuyente, que sostiene con sus impuestos una maquinaria burocrática ineficiente, merece un municipio que priorice la seguridad pública por sobre la conveniencia política o los vínculos con sectores oscuros de la noche. Si el municipio no es capaz de controlar ni siquiera un establecimiento comercial en una zona céntrica, es imposible que logre garantizar el orden institucional que los vecinos reclaman.

El cierre definitivo de Wachitas es solo el cierre de un capítulo que dejó en evidencia cómo el Estado, cuando actúa tarde, lo hace sobre las cenizas de su propia negligencia.