El Concejo Deliberante local suprimió un beneficio del 20% en los haberes de la cúpula del poder ejecutivo municipal.
El Concejo Deliberante de La Falda aprobó una nueva ordenanza que elimina de manera definitiva los denominados gastos de representación de la planta política local. La medida de austeridad afecta directamente los ingresos mensuales percibidos por el intendente, la viceintendenta y los secretarios del gabinete municipal. El proyecto de reforma administrativa fue convalidado durante la sesión del miércoles 17 de junio mediante el respaldo cruzado de diferentes representantes legislativos.
El beneficio salarial suprimido consistía en un adicional equivalente al 20% no remunerativo calculado sobre el sueldo básico establecido para el ejercicio de las funciones públicas. El oficialismo de la bancada Juntos por La Falda votó orgánicamente en contra de la iniciativa de recorte presupuestario impulsada desde los bloques de la minoría. La normativa aprobada prohíbe taxativamente la creación futura de cualquier otro concepto económico destinado a reemplazar de forma directa o indirecta estas partidas.
La propuesta legislativa original fue presentada en el recinto por la concejala Gabriela Sacco, perteneciente a la bancada denominada La Falda en Acción. La representante de la oposición contó con el acompañamiento de su par Francisco Villanueva y el sorpresivo aval de las concejalas oficialistas Ludmila Ochoa, Alicia Auferil y Karen Tymoszczuk. Por su parte, los concejales oficialistas Daniel Pino, Ricardo Agost y Javier Montes mantuvieron su postura de rechazo en la votación general.
Los fundamentos del texto ratificado sostienen que el municipio de La Falda ya cubre los costos operativos ordinarios como los viáticos, la movilidad y los abonos de telefonía celular. El Tribunal de Cuentas de la ciudad fiscaliza periódicamente los fondos fijos asignados a cada dependencia interna para garantizar la transparencia en las rendiciones. Además, prohíbe la creación de “cualquier otro concepto remunerativo o no remunerativo” en el futuro que persiga como “fin directo o indirecto” el reemplazo de los gastos de representación.
La estructura salarial vigente de la administración central de La Falda se encuentra bajo un régimen de congelamiento general dispuesto por el ejecutivo durante el pasado mes de abril. Tras la aplicación de dicho decreto el sueldo de bolsillo del intendente se ubicó en la suma de $4.500.000 mensuales en el actual esquema financiero. Asimismo, los ingresos asignados para la viceintendenta quedaron fijados en $4.000.000 mientras que los secretarios de las diferentes áreas perciben $3.900.000 netos.
La concejala impulsora del proyecto remarcó que las familias de la localidad de La Falda enfrentan situaciones complejas que exigen un ordenamiento racional y equilibrado de las finanzas estatales. “En la situación de emergencia que estamos viviendo necesitamos ajustar los gastos como lo están haciendo todas las familias. Y, a la vez, es una muestra hacia el pueblo de que estamos queriendo salir de esta mala situación que vivimos y que muchas veces no podemos manejar. Cuando la minoría es respetada, salen leyes importantes”.
