La Fiscalía Penal Juvenil de Córdoba interviene ante el fenómeno de "amenazas agravadas" que ya suma allanamientos en toda la provincia.
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La Justicia de Córdoba elevó a 15 el número de adolescentes imputados por el delito de "amenaza agravada por anonimato" tras una ola de mensajes violentos. El Ministerio Público Fiscal confirmó que existen más de 100 expedientes abiertos que afectan a establecimientos en la Capital y localidades como Jesús María o La Falda. La situación escaló tras detectarse pintadas alusivas a tiroteos en baños escolares, vinculadas presuntamente a desafíos virales de redes sociales.
En los últimos 14 días, las fuerzas de seguridad secuestraron 2 pistolas de aire comprimido, una picana y 4 réplicas de armas dentro de mochilas estudiantiles. Los operativos policiales incluyeron allanamientos donde se incautaron celulares y anotaciones de alumnos que mantenían contacto mediante grupos de WhatsApp.
Algunos de los elementos secuestrados por la Policia de Córdoba luego de operativos en Río Cuarto.
Responsabilidad familiar y firmeza en la sanción judicial
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, advirtió que no se trata de travesuras adolescentes, sino de la comisión efectiva de hechos delictivos con consecuencias legales. Las autoridades educativas instan a las familias a involucrarse de manera activa en el control del uso de tecnologías y el acceso a contenidos violentos. En caso de identificar a los autores, el proceso legal avanza por fuera del colegio mientras se implementan protocolos de acompañamiento pedagógico.
La Dirección General de Investigaciones Criminales coordina tareas con equipos interdisciplinarios para prevenir incidentes y brindar asistencia mediante la línea 0800-888-1234. El Ministerio de Educación remarcó que estas conductas tensan la vida cotidiana y exigen denuncias formales en las unidades judiciales correspondientes de cada jurisdicción.
El modus operandi de las amenazas se repite a lo largo de todo el país: pintadas en las paredes de los baños o espacios de uso común en los establecimientos.
Los funcionarios de Educación recorren las instituciones advirtiendo que los mensajes anónimos derivarán en allanamientos domiciliarios inmediatos si se presume la presencia de armamento. Resulta indispensable que los padres supervisen los contenidos que sus hijos consumen, ante la facilidad con la que se comparten tutoriales para armar elementos peligrosos. Solo mediante una respuesta coordinada entre la Justicia, la seguridad y el compromiso parental se podrá normalizar la actividad en las escuelas cordobesas intervenidas.
