El cese parcial de tareas decretado por el Suoem deja en evidencia tanto la voracidad de un gremio corporativo como el rotundo desmanejo fiscal de la gestión de Daniel Passerini. La parálisis despoja a los contribuyentes de sus derechos básicos frente a una Municipalidad de Córdoba que demuestra ser incapaz de administrar de forma previsora sus recursos corrientes.
La falta de depósito de la primera cuota del SAC el pasado 30 de junio gatilló una medida de fuerza inmediata que bloquea el 100% de las reparticiones públicas. Ante el conflicto, las autoridades locales prometieron unificar el pago de sueldos y aguinaldos recién para este viernes 3 de julio.
"Las cuentas están en orden", declamó el secretario de Administración Pública, Sergio Lorenzatti, en una frase que choca de frente con la realidad de una caja municipal sin liquidez para cubrir sus obligaciones legales a término.
Comunicado emitio por SUOEM respecto al cese de actividades de trabajadores municipales.
Desmanejo de caja e impacto en el sector privado
La imposibilidad de afrontar los gastos corrientes sin recurrir a prórrogas evidencia fallas estructurales en la planificación del presupuesto municipal. Este desborde administrativo obligó a la Municipalidad de Córdoba a unificar los cronogramas de pago para evitar un colapso mayor en el funcionamiento de la capital.
Mientras el sector privado debe sostener su operatividad diaria con recursos propios y cumplir rigurosamente con sus cargas fiscales, el aparato estatal muestra una alarmante falta de liquidez. La burocracia local consume recursos de manera ineficiente y no logra garantizar la previsibilidad económica básica.
La parálisis de las sedes oficiales frena la actividad comercial de Córdoba, perjudicando a quienes necesitan realizar trámites indispensables para generar riqueza de forma libre. El verdadero progreso de la ciudad requiere un estricto orden fiscal que termine con la improvisación y garantice el cumplimiento de las obligaciones sin asfixiar al contribuyente.
El SUOEM inició un esquema de retención de servicios en todas las áreas operativas de la capital para presionar por el cobro de haberes atrasados.