La Justicia federal dispuso la detención del jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina en Córdoba Capital, el comisario Alejandro Gustavo Falcón, quien fue alojado en el penal de Bouwer. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Policía de la provincia bajo las instrucciones del juez federal Carlos Ochoa y a partir del requerimiento del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Las actuaciones judiciales señalan que el jefe policial se habría apoderado de dinero en efectivo e incautado de manera irregular un perro durante diferentes procedimientos de inspección y allanamientos.
La investigación judicial determina que el jefe policial no registró en las actas correspondientes la suma de 1.800 dólares secuestrados durante un registro domiciliario, como así también la cifra de $ 2.000.000 obtenidos en la requisa de un vehículo. En relación al canino, las actuaciones señalan que el oficial lo habría apartado con el pretexto de sumarlo al área K-9 de la institución dedicada a la localización de estupefacientes. Además, el fiscal le atribuye el empleo no autorizado de un patrullero y combustible de la fuerza de seguridad para realizar traslados de carácter personal hacia la ciudad de Rosario.
La fiscalía interviniente dictaminó la imputación del jefe policial por los delitos de peculado continuado, hurto calificado por su condición de funcionario público, falsedad ideológica y recepción de dádivas. Frente a los cargos presentados, el oficial rechazó la totalidad de las acusaciones vertidas durante la audiencia y la fuerza dispuso las correspondientes medidas disciplinarias internas. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, siguen el avance del expediente mientras rige el secreto de sumario en la causa.
El procedimiento fue ejecutado a partir del requerimiento del fiscal federal Maximiliano Hairabedian
Alcances del procedimiento y marco de actuaciones
Las investigaciones iniciales surgieron a raíz de denuncias promovidas por integrantes de la misma delegación policial que advirtieron las irregularidades operativas cometidas en los procedimientos. La causa abierta en los tribunales federales analiza la actuación del jefe policial en los diferentes operativos antinarcóticos realizados en el ámbito provincial. La investigación no descarta la concreción de nuevas medidas procesales o la orden de detenciones adicionales en las próximas semanas a medida que avancen los peritajes.
La detención de la autoridad de la fuerza nacional se produce tras coordinaciones entre el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la gestión de la cartera de Seguridad nacional iniciada por Patricia Bullrich. El comisario contaba con trayectoria en la especialidad antinarcóticos y desempeñó funciones operativas en Rosario antes de asumir la conducción del área en el territorio cordobés. Semanas atrás, el jefe detenido lideró la incautación de varios kilos de cocaína procedentes de Jujuy en la terminal de ómnibus de la Capital, donde fueron aprehendidas 2 mujeres salteñas.
En paralelo a esta causa, las autoridades judiciales aclararon que no existe vinculación operativa con la detención de otro efectivo de la fuerza federal efectuada durante el mes de mayo. En aquella oportunidad, el juez Carlos Ochoa ordenó el arresto de un agente en la localidad de General Deheza por su presunta integración en una organización dedicada a la venta de drogas. Las actuaciones sobre el jefe de Drogas Peligrosas continúan su curso formal en los tribunales federales bajo las directivas de la fiscalía investigadora.
Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba
Proceso judicial, detención y situación del imputado
El comisario Alejandro Gustavo Falcón permanece en el pabellón destinado a personal de fuerzas de seguridad en el establecimiento penitenciario de Bouwer mientras se completan las diligencias judiciales. La defensa legal del oficial prepara las presentaciones correspondientes para cuestionar las imputaciones de peculado, hurto calificado, falsedad ideológica y dádivas formuladas por el Ministerio Público Fiscal. Las autoridades judiciales recopilan documentación contable de los procedimientos y testimonios de los efectivos que participaron en las inspecciones cuestionadas.
Los investigadores analizan la trazabilidad del combustible y los registros de kilometraje del móvil policial utilizado sin autorización para los viajes hacia la provincia de Santa Fe. Los peritos auditan los libros de guardia y las actas de secuestro confeccionadas en los procedimientos viales y domiciliarios para determinar si existieron más maniobras de ocultamiento de bienes. El tribunal mantendrá las restricciones informáticas y la reserva de las actuaciones para evitar la alteración de las pruebas recolectadas en el expediente.
El Ministerio de Seguridad nacional y la conducción de la Policía Federal Argentina aguardan los requerimientos de la Justicia federal para remitir los legajos administrativos del funcionario. Los organismos de control interno avanzan en el sumario administrativo para resolver la situación del Comisario dentro de la plantilla institucional. La fiscalía continuará con la toma de declaraciones a los integrantes de la División Drogas Peligrosas para precisar los detalles de cada procedimiento bajo sospecha.
