Luis Caputo confirmó que el nuevo proyecto busca facilitar el ingreso de dólares, con cambios para dar mayor claridad al régimen.
Ampliación del universo de contribuyentes: se eliminan los topes patrimoniales y de ingresos, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas puedan adherir al régimen.
Tratamiento de grandes contribuyentes: podrán ingresar mediante una modalidad simplificada, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos.
El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso la Ley de Inocencia Fiscal 2, un proyecto que apunta a profundizar la formalización de ahorros y a incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien en conferencia de prensa confirmó que "mañana vamos a estar mandando al Congreso la Ley de Inocencia Fiscal 2".
"El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros, a que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, explicó.
El funcionario afirmó que la nueva versión del proyecto surge a partir de observaciones técnicas realizadas tras la primera ley: “Hay una nueva ley porque cuando se votó la original, se generaron algunas dudas de tributaristas”.
En ese marco, Caputo recordó el origen de la iniciativa, vinculado a los problemas históricos de la economía argentina, como la inflación y la presión impositiva, que llevaron a una fuerte acumulación de ahorros fuera del circuito formal.
“Hoy estamos en récord de depósitos en dólares, 40 mil millones. Aún así, hay más de cuatro veces de ahorro debajo del colchón. La estimación del BCRA es que hay 170 mil millones de dólares”, detalló, y remarcó: “El objetivo es que la gente finalmente pueda formalizar sus ahorros”.
Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, explicó los principales ajustes incluidos en la nueva versión del régimen, orientados a ampliar su alcance, despejar dudas y brindar mayor seguridad jurídica.
Entre las modificaciones más relevantes se destacan:
Nueva definición de discrepancia significativa: se fijan parámetros más claros, con un umbral del 15% y un mínimo que evita exclusiones por montos bajos.
Inversión de la carga de la prueba: el fisco deberá respaldar sus objeciones sin recurrir a presunciones, utilizando información concreta.
Regularización con plazo: los contribuyentes podrán rectificar y pagar diferencias dentro de 15 días hábiles para no quedar fuera del régimen.
Reintegros acelerados: si una impugnación es revertida, el Estado deberá devolver los montos con intereses en un plazo máximo de 45 días.
El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de Milei para canalizar hacia el sistema financiero una masa significativa de ahorro no declarado. Según estimaciones oficiales del Banco Central, ese stock alcanzaría los 170 mil millones de dólares.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca despejar dudas, ampliar la adhesión y consolidar un esquema que incentive la bancarización de capitales sin sanciones, en un contexto donde la disponibilidad de divisas es considerada clave para sostener la estabilidad económica.
