Capitales locales lideran la puja por la principal transportista eléctrica del país.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en el proceso de privatización de Transener, la principal transportista de electricidad del país.
La operación ingresó en una etapa decisiva tras la recepción de tres ofertas por el 50% del paquete accionario de Citelec S.A., la sociedad controlante de la compañía, actualmente en manos del Estado, por una suma de USD 887 millones.
La empresa ocupa un rol central en el sistema energético nacional. Transener administra la infraestructura del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba S.A., encargada del transporte de energía en la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó el avance del proceso a través de redes sociales. “La privatización de Transener entra en su etapa final. El Estado Nacional recibió ofertas de tres empresas para la venta del 100% de su participación accionaria en CITELEC S.A., sociedad controlante de Transener", anunció.
Y destacó: "Las ofertas presentadas reflejan el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino”.
El proceso se enmarca dentro de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), establecida en el Decreto 286/2025, que dispone la venta de las acciones que la compañía estatal posee en Citelec. A su vez, la iniciativa se articula con la estrategia oficial de trasladar al sector privado la inversión en infraestructura energética.
En esta instancia, tres grupos económicos presentaron ofertas para quedarse con el control de la transportista, todos con fuerte presencia en el mercado local. Se trata de Genneia, Central Puerto y Edenor.
Con la recepción de ofertas, el proceso de privatización de Transener entra en una fase decisiva, en la que el Gobierno busca transferir al sector privado la gestión de una infraestructura clave para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino, mejorando la gestión y fomentando inversiones sin depender de fondos públicos.
