El Gobierno de Javier Milei actualizó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de impulsar la modernización del aparato productivo argentino y mejorar la competitividad de la industria local.
La medida apunta a facilitar el acceso de las empresas a equipamiento industrial usado, incentivando la incorporación de tecnología y la generación de valor agregado en la producción.
A través del Decreto 483/2026, la nueva normativa introduce cambios orientados a simplificar los procedimientos, reducir costos y agilizar los plazos de acceso al régimen, transformándolo en una herramienta más eficiente para el sector productivo.
El presidente Javier Milei.
Baja de impuestos
Uno de los puntos centrales de la medida es la reducción de la carga impositiva para la importación de bienes usados. Según lo establecido, estos productos tributarán únicamente el 25% de los aranceles correspondientes al momento de su ingreso al país.
Además, quedarán exentos del pago de la tasa de comprobación de destino, que actualmente es del 2%, y de la tasa de estadística, fijada en el 3%.
La actualización también redefine el concepto de línea de producción, eliminando la exigencia previa de que su componente principal sea usado. A partir de ahora, el régimen incluye nuevas categorías, como las líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y los almacenes inteligentes, ampliando así el alcance de la herramienta.
En materia de antigüedad, se extiende hasta 30 años el límite permitido para bienes reconstruidos o actualizados, con el objetivo de prolongar su vida útil y facilitar su incorporación al sistema productivo. Este cambio busca ampliar las opciones disponibles para las empresas al momento de invertir en equipamiento.
Javier Milei y Luis Caputo.
Otro aspecto relevante es la modificación del requisito de integración nacional. La normativa reduce del 30% al 10% la obligación de compra de bienes nacionales sobre el valor FOB de los bienes importados, lo que flexibiliza las condiciones para acceder al régimen y reduce las barreras de entrada.
Asimismo, se introduce un cambio en los mecanismos de control. El sistema de auditorías es reemplazado por un esquema de rendición de cuentas a cargo de las propias empresas, que deberán presentar certificaciones realizadas por profesionales habilitados.
Esta modificación tiene como objetivo acortar los tiempos administrativos y brindar mayor previsibilidad en la gestión de los trámites.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca facilitar la incorporación de tecnología industrial, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer la competitividad de la industria nacional.
