La gobernadora demócrata izquierdista de Massachusetts, Maura Healey, firmó este lunes una ley que elimina el límite general de 24 semanas para los abortos en el estado, convirtiendo a Massachusetts en uno de los territorios con las normas de aborto más permisivas de Estados Unidos. La medida fue fuertemente criticada por legisladores republicanos y organizaciones provida, que acusan a Healey y a los demócratas de avanzar hacia un régimen que permite abortos incluso en etapas muy avanzadas del embarazo.
La nueva legislación, denominada ''An Act Prioritizing Patient Access to Care'' (H.5595), elimina las restricciones anteriores y otorga a los médicos mayor discreción para determinar si un aborto puede realizarse después de las 24 semanas. Bajo la normativa previa, los abortos después de ese momento estaban limitados a determinadas circunstancias, entre ellas situaciones relacionadas con la vida de la madre o diagnósticos fetales considerados incompatibles con la vida.
Healey defendió la legislación durante la ceremonia de firma y presentó la medida como una protección para las familias que enfrentan embarazos complicados. ''Madres, padres y familias que experimentan estos diagnósticos devastadores ahora podrán tomar sus propias decisiones'', afirmó la gobernadora.
La gobernadora comunista de Massachusetts firmó una ley que fomenta el aborto en etapas tardías del embarazo
Sin embargo, sus numerosos críticos consideran que la ley va mucho más allá de proteger a mujeres con embarazos de alto riesgo. La representante estatal republicana Alyson Sullivan-Almeida calificó la aprobación como ''un día muy triste'' para Massachusetts y advirtió que el nuevo marco establece un precedente por el cual una mujer podría obtener un aborto hasta prácticamente el momento del nacimiento, incluso cuando se trate de un bebé sano y viable.
La controversia se centra precisamente en la eliminación del límite de 24 semanas. Los opositores sostienen que, al dejar la decisión principalmente en manos de los médicos, la legislación reduce las restricciones sobre los abortos realizados en etapas avanzadas del embarazo y debilita las protecciones existentes para los bebés no nacidos.
La presidente de SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, también condenó la decisión y acusó a Healey de respaldar una política que podría incrementar el número de abortos tardíos. Dannenfelser reclamó además que los republicanos abandonen la postura de ''dejarlo en manos de los estados'' y promuevan estándares nacionales de protección para los niños no nacidos.
Los republicanos en el estado han advertido acerca de los riesgos que supone la eliminación de ciertos criterios restrictivos al aborto
La ley fue aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes y el Senado estatal, ambos dominados por los demócratas. Para sus críticos, el respaldo prácticamente unificado del Partido Demócrata demuestra hasta qué punto el aborto se ha convertido en una prioridad política de la izquierda, incluso cuando las medidas implican eliminar restricciones aplicables durante las últimas etapas del embarazo.
Healey, por su parte, convirtió la defensa del aborto en una parte central de su enfrentamiento político con la administración del presidente Donald Trump y los republicanos. Durante la firma, aseguró que Massachusetts continuará garantizando el acceso al aborto independientemente de las acciones que puedan tomar Trump, los republicanos en el Congreso o la Corte Suprema.
Con la nueva ley, Massachusetts se suma a Alaska, Vermont, Oregon, Nuevo México, Colorado, Minnesota, Michigan, Maryland, Nueva Jersey y Washington D.C., jurisdicciones que permiten el aborto durante todo el embarazo bajo determinadas condiciones legales.
Los viles defensores de la medida sostienen que elimina obstáculos para las familias que enfrentan diagnósticos médicos devastadores y permite que las decisiones queden en manos de las pacientes y sus médicos. Los republicanos y grupos pro-vida responden que esa justificación no explica por qué debe desaparecer el límite de 24 semanas y cuestionan que el Estado permita procedimientos durante etapas en las que el feto puede ser viable fuera del útero.
El gobierno de Donald Trump tiene como uno de sus principales objetivos el fomento de políticas pro-vida y la desincentivación del aborto
