Deloitte cede ante Trump y acuerda pagar 21.5 millones de dólares por políticas DEI

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Deloitte habría tenido en cuenta la raza y el sexo en decisiones relacionadas con contratación, ascensos y asignación de personal. La compañía también habría establecido objetivos demográficos y desarrollado programas de capacitación y mentoría diferenciados según características raciales o de sexo.

El fiscal general Todd Blanche defendió la posición del gobierno y afirmó que los contratistas federales no pueden recompensar ni penalizar a sus empleados en función de su raza o sexo. Según Blanche, denominar una práctica como DEI no la convierte automáticamente en legal. El funcionario advirtió además que el Departamento de Justicia perseguirá con firmeza a los contratistas que utilicen fondos de los contribuyentes para financiar lo que el gobierno considera discriminación ilegal.

El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. reforzó el argumento de la administración al señalar que las oportunidades laborales y los ascensos deben estar determinados por el mérito y no por la raza o el sexo. Para el gobierno, el caso Deloitte constituye otro ejemplo de la estrategia destinada a eliminar políticas que considera incompatibles con los principios de igualdad ante la ley.

El DOJ alegó que Deloitte habría infringido la Ley de Reclamaciones Falsas al certificar que cumplía con los requisitos federales contra la discriminación mientras, según las acusaciones, mantenía determinadas iniciativas relacionadas con DEI. Las autoridades señalaron que las acusaciones abarcan el período comprendido entre 2017 y el presente.

El gobierno considera que esas prácticas contradicen las condiciones que deben cumplir los contratistas federales. La ofensiva busca establecer que las empresas que trabajan con Washington deben aplicar criterios laborales basados en el desempeño y las capacidades de los trabajadores, en lugar de utilizar objetivos vinculados con determinadas categorías demográficas.

La política forma parte de una importante agenda impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a las preferencias ''peligrosas, degradantes e inmorales'' basadas en raza y sexo. Desde entonces, su administración ha intensificado los esfuerzos para retirar políticas DEI de agencias federales y de empresas que realizan negocios con el gobierno.

Deloitte, por su parte, no admitió responsabilidad al aceptar el acuerdo. La empresa declaró que decidió resolver el asunto para evitar los costos y las distracciones asociados con un litigio prolongado y negó haber incurrido en la conducta denunciada por el gobierno.

El pago de 21,5 millones de dólares, por tanto, no constituye una admisión de culpabilidad por parte de Deloitte. Sin embargo, para la administración Trump, el acuerdo representa una señal contundente para otras empresas contratistas: recibir fondos públicos implica cumplir estrictamente con las normas federales y no utilizar programas DEI para justificar decisiones laborales basadas en raza o sexo.