La administración del presidente Donald Trump impulsa una reforma del Censo de Estados Unidos que busca modificar la manera en que se determina la población utilizada para distribuir la representación política entre los estados. La propuesta contempla excluir a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país del cálculo poblacional utilizado para repartir los escaños de la Cámara de Representantes y, por extensión, determinar parte de la representación en el Colegio Electoral.
La Oficina del Censo publicó el miércoles una propuesta de regulación que también plantea eliminar las preguntas sobre raza, etnia y orientación sexual del cuestionario breve utilizado para realizar el conteo decenal de la población. Según el documento, estas preguntas tienen una naturaleza ''sensible'' que podría desalentar la participación de algunos ciudadanos y residentes, mientras que un cuestionario más sencillo podría favorecer una mayor tasa de respuesta.
Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la definición de ''residencia habitual'', concepto utilizado para establecer quién forma parte de la población contabilizada con fines de representación política. La administración sostiene que esta definición históricamente estuvo vinculada con la permanencia y el establecimiento de un domicilio en Estados Unidos, así como con una autorización duradera para residir en el país.
El gobierno de Donald Trump planteó un cambio en la realización del Censo que implica excluir a los inmigrantes ilegales del conteo
Bajo ese criterio, la propuesta incluiría en la base utilizada para el reparto de escaños a los residentes legales permanentes, pero excluiría a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. También quedarían fuera determinados extranjeros cuya situación migratoria sea considerada menos estable o duradera que la de un residente legal permanente.
La Oficina del Censo plantea aprovechar el amplio acceso del gobierno federal a registros administrativos para determinar el estatus migratorio de las personas contabilizadas. La medida permitiría utilizar información gubernamental disponible para obtener un cálculo más preciso de quiénes deben formar parte de la población considerada para distribuir la representación política.
El cambio tendría consecuencias relevantes porque el Censo se realiza cada diez años y sus resultados determinan cómo se distribuyen los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los estados. También influye en la representación del Colegio Electoral y en la asignación de miles de millones de dólares en fondos federales.
Desde la perspectiva de la administración Trump, excluir a quienes se encuentran ilegalmente en el país permitiría evitar que una población que no tiene autorización legal para residir en Estados Unidos influya en la distribución de representación política. El planteamiento forma parte de una política más amplia del gobierno para reforzar el control migratorio y diferenciar entre quienes tienen un estatus legal permanente y quienes permanecen en el país sin autorización.
El Censo, que se realiza cada 10 años, determina como se distribuirán los escaños de la Cámara de Representantes
La modificación podría afectar especialmente a estados con grandes poblaciones inmigrantes, como California y Nueva York, debido a que una reducción en la población contabilizada para fines de representación podría alterar la distribución futura de escaños.
La propuesta ya generó una reacción política. La oficina de la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, señaló que está evaluando posibles acciones legales y sostuvo que la Constitución exige contar a todas las personas que viven en Estados Unidos independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la administración Trump sostiene que existe margen para revisar la metodología del Censo y adecuarla a su interpretación de la residencia habitual y de las normas de representación.
El proyecto tiene además un antecedente directo en una orden de Trump de agosto de 2025, cuando el presidente instruyó al Departamento de Comercio a desarrollar un plan para que los inmigrantes indocumentados no fueran incluidos en el cálculo utilizado para determinar la representación. En aquel momento, Trump también pidió explorar el uso de datos modernos, incluida información relacionada con las elecciones de 2024.
Las nuevas propuestas no modificarían las encuestas adicionales de la Oficina del Censo. Los cambios sobre las preguntas demográficas se limitarían al Censo decenal.
La fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, anunció que presentará acciones judiciales contra la medida impulsada por el gobierno de Trump
