La administración Trump reforzará la lucha contra el fraude sanitario con nuevos cargos y más recursos federales en Pensilvania.
En otro expediente, una agencia de atención médica domiciliaria y sus propietarios fueron acusados de presentar facturas a Medicaid basadas en registros falsos de entrada y salida de empleados.
Las autoridades estatales también avanzaron contra un caso anterior. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, anunció un acuerdo de culpabilidad relacionado con el último acusado de una causa que involucraba a 21 personas y más de 1,7 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes la expansión de la ''Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica del Noreste'' hacia Filadelfia, como parte de una ofensiva federal y estatal para combatir esquemas de fraude contra Medicare y Medicaid relacionados con servicios de atención médica domiciliaria.
La medida amplía la capacidad de las autoridades federales para perseguir a individuos y empresas acusados de aprovecharse de programas financiados con fondos públicos. La nueva oficina estará ubicada en el Distrito Este de Pensilvania y reunirá a la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia con la Fiscalía Federal del distrito.
El anuncio estuvo acompañado por cargos contra 19 personas, acusadas de participar en diferentes esquemas que involucraron más de 4 millones de dólares en reclamaciones presentadas a Medicare y Medicaid, según informó el Departamento de Justicia. Entre los acusados figuran propietarios y empleados de compañías de atención médica domiciliaria, supuestos asistentes y beneficiarios de Medicaid.
La ofensiva refleja una de las prioridades de la administración del presidente Donald Trump: utilizar con mayor intensidad las herramientas federales para perseguir el fraude y proteger los recursos destinados a los programas públicos. En lugar de permitir que redes organizadas aprovechen los sistemas de salud financiados por los contribuyentes, el Departamento de Justicia está ampliando sus operaciones y coordinando a distintas agencias para identificar irregularidades.
Los casos anunciados en Pensilvania muestran la variedad de mecanismos que, de acuerdo con los fiscales, habrían sido utilizados para defraudar al sistema. Algunas de las acusaciones señalan que asistentes de atención domiciliaria facturaron servicios de Medicaid mientras estaban encarcelados, hospitalizados, trabajando en otros empleos o incluso viajando fuera de Estados Unidos.
En otro caso, un beneficiario de Medicaid habría declarado que necesitaba una cantidad considerable de asistencia médica en su domicilio mientras trabajaba simultáneamente como carpintero.
Los investigadores también identificaron supuestos registros laborales incompatibles con la realidad. Algunos acusados habrían presentado horarios superpuestos o imposibles, incluyendo reclamaciones que representaban más de 24 horas de atención en un mismo día.
El Departamento de Justicia destacó que la expansión hacia el este de Pensilvania permitirá incorporar mayores recursos federales a un distrito que ya cuenta con experiencia en investigaciones de fraude sanitario. Según la agencia, la cooperación entre la División contra el Fraude y la fiscalía federal permitirá perseguir a delincuentes que utilizan empresas y estructuras corporativas para ocultar sus actividades.
La nueva oficina trabajará además con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI, la DEA y otras agencias de aplicación de la ley.
La expansión forma parte de un esfuerzo nacional más amplio. El programa de fuerzas de ataque contra el fraude sanitario también se ha ampliado recientemente a California, Arizona, Nevada, Massachusetts y Minnesota.
El Departamento de Justicia señaló que durante 2025 se realizaron dos grandes operaciones nacionales contra el fraude sanitario relacionadas con pérdidas presuntas superiores a 15.000 millones de dólares, mientras que las acciones desarrolladas en 2026 involucran más de 6.000 millones de dólares en pérdidas alegadas.
Para la administración Trump, estas investigaciones representan una estrategia para reforzar la supervisión de los programas públicos y perseguir a quienes utilizan fondos de los contribuyentes para enriquecerse ilegalmente. La expansión en Filadelfia busca convertir esa estrategia en una presencia permanente en uno de los principales centros de investigación de fraude sanitario del país.
