El gobierno de Donald Trump se plantó contra el pacto migratorio de las Naciones Unidas

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que no respaldará la declaración de ''progreso'' del Foro Internacional de Revisión de la Migración de Naciones Unidas, en una decisión que refuerza la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos no participó en la segunda edición del foro, celebrada entre el 5 y el 8 de mayo en la sede de la ONU en Nueva York, y que tampoco apoyará el documento final previsto dentro del proceso de revisión del Pacto Mundial para una ''Migración Segura, Ordenada y Regular''.

Según Washington, el mecanismo impulsado por Naciones Unidas ha dejado de ser un espacio técnico de cooperación y se ha convertido en una plataforma que favorece políticas de migración masiva hacia Occidente.

El Foro Internacional de Revisión de la Migración es el principal espacio de la ONU para evaluar la implementación del nefasto Pacto Mundial sobre Migración, adoptado en 2018 como un marco de cooperación internacional no vinculante.

La Organización Internacional para las Migraciones y otras agencias de Naciones Unidas sostienen que el objetivo del pacto es ''mejorar la gestión global de los flujos migratorios, promover la cooperación entre países y garantizar condiciones más seguras para los migrantes''. Sin embargo, la administración Trump sostiene que este enfoque no refleja los problemas reales que enfrentan los países receptores.

Según el Departamento de Estado, la experiencia reciente en Estados Unidos demuestra que la migración masiva ha generado presión sobre el mercado laboral, el sistema de vivienda y los servicios públicos, además de incrementar los desafíos en materia de seguridad fronteriza. El comunicado sostiene que estos costos han recaído principalmente sobre los trabajadores estadounidenses, que enfrentan mayor competencia por empleos y recursos.

Uno de los puntos centrales de la posición estadounidense es la defensa de la soberanía nacional en la toma de decisiones migratorias. El gobierno afirmó que no aceptará ningún proceso internacional que imponga ''guías, estándares o compromisos'' que limiten la capacidad de Estados Unidos para definir su propia política migratoria. En este sentido, la administración insiste en que el control de las fronteras es una competencia exclusiva del Estado y no debe estar condicionado por acuerdos multilaterales.

El Departamento de Estado también reiteró la postura de la Casa Blanca de priorizar la ''remigración'', un concepto utilizado por la administración Trump para describir políticas orientadas a reducir la presencia de migrantes irregulares en el país. Esta visión contrasta con el enfoque de Naciones Unidas, que promueve la cooperación internacional y la regulación compartida de los flujos migratorios.

Estados Unidos ya había tomado distancia del proceso durante el primer mandato de Trump, cuando en 2017 se retiró de las negociaciones del pacto migratorio. Ahora, el gobierno reafirma esa posición y sostiene que no participará en ningún mecanismo internacional que considere que limita la soberanía nacional en materia de control fronterizo.

En su comunicado, el Departamento de Estado acusó a agencias de la ONU de promover políticas que facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos y otros países occidentales. El gobierno afirmó que estas organizaciones han impulsado las corrientes migratorias masivas y que incluso han contribuido a la redistribución de recursos públicos hacia migrantes en situación irregular.

La administración Trump también criticó el lenguaje utilizado por Naciones Unidas, especialmente la idea de una migración ''segura, ordenada y regular''. Para el gobierno estadounidense, esa formulación no refleja la realidad de los flujos migratorios recientes, que considera desordenados y perjudiciales para la seguridad y estabilidad de los países receptores.

Desde la perspectiva de Washington, la participación de agencias de la ONU en la gestión migratoria global ha contribuido a crear incentivos para la migración irregular. El gobierno argumenta que estas instituciones han promovido rutas migratorias a través de regiones como Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos, lo que habría incrementado la presión sobre el sistema migratorio estadounidense.

El comunicado también amplió las críticas hacia el papel de organizaciones no gubernamentales financiadas por la ONU, a las que acusa de facilitar el tránsito de migrantes hacia territorio estadounidense y europeo. Según la administración, estas prácticas han tenido consecuencias negativas para la estabilidad social y económica de los países receptores.

Por su parte, Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones defienden el pacto migratorio como un marco de cooperación voluntario y no vinculante. Ambos organismos señalan que el objetivo es ayudar a los Estados a gestionar mejor la migración, reconociendo al mismo tiempo su derecho soberano a definir sus propias políticas.

A pesar de estas aclaraciones, la administración Trump considera que incluso los marcos no obligatorios pueden ejercer presión política sobre los gobiernos nacionales y condicionar sus decisiones en materia migratoria.