El gobierno republicano ha intensificado la presión migratoria con multas millonarias y nuevas sanciones para quienes incumplan las órdenes de deportación.
El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos mediante la imposición de multas civiles a inmigrantes ilegales que se niegan a abandonar el país después de recibir una orden definitiva de deportación. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el inicio de la administración Trump se han emitido aproximadamente 103.000 multas, cuyo valor acumulado supera los USD 84.000 millones.
Las sanciones incluyen una multa de USD 998 diarios para los inmigrantes ilegales que permanecen en Estados Unidos pese a contar con una orden final de expulsión. La administración sostiene que estas medidas buscan aumentar los incentivos para que quienes no tienen autorización legal para permanecer en el país abandonen voluntariamente el territorio estadounidense antes de enfrentar consecuencias más severas.
''Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es claro: váyanse ahora'', declaró Lauren Bis, subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. La funcionaria advirtió que quienes decidan permanecer en Estados Unidos podrían enfrentar multas, arresto y deportación.
Bis también destacó una alternativa ofrecida por el gobierno federal a través de la aplicación ''CBP Home''. Los inmigrantes que opten por la salida voluntaria pueden recibir un vuelo gratuito de regreso a su país de origen y un incentivo económico de USD 2.600. La administración Trump presenta este programa como una opción para quienes prefieran abandonar Estados Unidos voluntariamente en lugar de enfrentar procedimientos de detención y expulsión.
El gobierno de Trump impondrá multas a aquellos inmigrantes ilegales que permanezcan en el país tras contar con una orden de deportación
La política forma parte de una estrategia impulsada por Trump para reforzar el control migratorio y garantizar que las órdenes de deportación sean efectivamente cumplidas. Para el gobierno, las leyes migratorias pierden su sentido si las personas que reciben una orden definitiva pueden permanecer indefinidamente en el país sin enfrentar consecuencias.
En junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia introdujeron cambios destinados a agilizar el proceso para imponer estas sanciones. La nueva normativa eliminó una disposición que otorgaba a los inmigrantes ilegales un plazo de 30 días para recibir una notificación previa sobre la intención de imponerles una multa. También permitió que los funcionarios migratorios enviaran las sanciones por correo convencional y simplificó los procedimientos aplicables cuando una persona decide impugnarlas.
La administración Trump ha defendido estas modificaciones argumentando que el gobierno necesita herramientas más eficientes para hacer cumplir las leyes existentes. Tricia McLaughlin, quien entonces se desempeñaba como subsecretaria adjunta del DHS, sostuvo que ''la ley no se aplica por sí sola'' y que deben existir consecuencias para quienes la infringen.
El gobierno de Trump implementó medidas como la creación de plataformas para que los inmigrantes ilegales se auto-deporten y la utilización de correos convencionales para el envío de sanciones
Sin embargo, la política ha generado una fuerte oposición entre organizaciones de izquierda defensoras de los inmigrantes, que han cuestionado la magnitud de las multas. El ''Centro de Justicia y Asistencia Legal'' presentó en julio una demanda en representación de un inmigrante ilegal de Virginia al que se le impuso una sanción superior a USD 1,8 millones.
El individuo había ingresado a Estados Unidos en 2016 junto con un menor y recibió una orden de deportación en 2017. Según sus abogados, la cantidad impuesta es desproporcionada respecto de su situación económica. Rohmah Javed, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes de la organización, calificó erróneamente la medida como una forma de ''intimidación gubernamental'' y argumentó que estas sanciones podrían provocar graves dificultades económicas para las familias inmigrantes.
El gobierno de Trump, no obstante, sostiene que las sanciones son una herramienta legítima para reforzar las leyes migratorias y reducir el incentivo a permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, las multas representan una consecuencia adicional para quienes reciben una orden definitiva de expulsión y deciden ignorarla.
El debate también ha llegado al Congreso. El senador republicano Rick Scott, de Florida, presentó la Ley de Recuperación de Costos de la Inmigración Ilegal, una iniciativa que busca duplicar las multas civiles aplicables a personas que ingresen ilegalmente o intenten hacerlo. El proyecto también contempla aumentar las sanciones para quienes reciban una orden definitiva de deportación y se nieguen a abandonar el país.
El senador Rick Scott presentó un proyecto para duplicar estas multas y sancionar a empleadores que contraten inmigrantes ilegales de forma consciente
La propuesta incluye además mayores penalizaciones económicas para los empleadores que contraten conscientemente a inmigrantes ilegales sin autorización para trabajar en Estados Unidos.
Scott argumenta que décadas de políticas de fronteras abiertas han generado una carga económica significativa para los contribuyentes estadounidenses. Desde su perspectiva, endurecer las sanciones permitiría trasladar parte de esos costos a quienes violan las leyes migratorias y a las empresas que facilitan el empleo ilegal.
La ofensiva migratoria de Trump refleja así una de las principales prioridades de su administración: reforzar la seguridad fronteriza, acelerar las deportaciones y utilizar sanciones económicas para fomentar la salida voluntaria de quienes no tienen derecho legal a permanecer en el país.
