El gobierno de Trump impondrá multas civiles a inmigrantes ilegales que se rehúsen a abandonar el país

Sin embargo, la política ha generado una fuerte oposición entre organizaciones de izquierda defensoras de los inmigrantes, que han cuestionado la magnitud de las multas. El ''Centro de Justicia y Asistencia Legal'' presentó en julio una demanda en representación de un inmigrante ilegal de Virginia al que se le impuso una sanción superior a USD 1,8 millones.

El individuo había ingresado a Estados Unidos en 2016 junto con un menor y recibió una orden de deportación en 2017. Según sus abogados, la cantidad impuesta es desproporcionada respecto de su situación económica. Rohmah Javed, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes de la organización, calificó erróneamente la medida como una forma de ''intimidación gubernamental'' y argumentó que estas sanciones podrían provocar graves dificultades económicas para las familias inmigrantes.

La política forma parte de una estrategia impulsada por Trump para reforzar el control migratorio y garantizar que las órdenes de deportación sean efectivamente cumplidas. Para el gobierno, las leyes migratorias pierden su sentido si las personas que reciben una orden definitiva pueden permanecer indefinidamente en el país sin enfrentar consecuencias.

En junio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia introdujeron cambios destinados a agilizar el proceso para imponer estas sanciones. La nueva normativa eliminó una disposición que otorgaba a los inmigrantes ilegales un plazo de 30 días para recibir una notificación previa sobre la intención de imponerles una multa. También permitió que los funcionarios migratorios enviaran las sanciones por correo convencional y simplificó los procedimientos aplicables cuando una persona decide impugnarlas.

La administración Trump ha defendido estas modificaciones argumentando que el gobierno necesita herramientas más eficientes para hacer cumplir las leyes existentes. Tricia McLaughlin, quien entonces se desempeñaba como subsecretaria adjunta del DHS, sostuvo que ''la ley no se aplica por sí sola'' y que deben existir consecuencias para quienes la infringen.

El gobierno de Trump, no obstante, sostiene que las sanciones son una herramienta legítima para reforzar las leyes migratorias y reducir el incentivo a permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, las multas representan una consecuencia adicional para quienes reciben una orden definitiva de expulsión y deciden ignorarla.

El debate también ha llegado al Congreso. El senador republicano Rick Scott, de Florida, presentó la Ley de Recuperación de Costos de la Inmigración Ilegal, una iniciativa que busca duplicar las multas civiles aplicables a personas que ingresen ilegalmente o intenten hacerlo. El proyecto también contempla aumentar las sanciones para quienes reciban una orden definitiva de deportación y se nieguen a abandonar el país.

La propuesta incluye además mayores penalizaciones económicas para los empleadores que contraten conscientemente a inmigrantes ilegales sin autorización para trabajar en Estados Unidos.

Scott argumenta que décadas de políticas de fronteras abiertas han generado una carga económica significativa para los contribuyentes estadounidenses. Desde su perspectiva, endurecer las sanciones permitiría trasladar parte de esos costos a quienes violan las leyes migratorias y a las empresas que facilitan el empleo ilegal.

La ofensiva migratoria de Trump refleja así una de las principales prioridades de su administración: reforzar la seguridad fronteriza, acelerar las deportaciones y utilizar sanciones económicas para fomentar la salida voluntaria de quienes no tienen derecho legal a permanecer en el país.