Otro expediente involucra a cuatro acusados en un presunto esquema de fraude con cupones de alimentos en Miami. Las autoridades sostienen que el mecanismo generó casi 20 millones de dólares en transacciones fraudulentas a través de una tienda de conveniencia Kwik Stop.
La ofensiva también está teniendo repercusiones en Carolina del Sur. El fiscal general estatal Alan Wilson informó que su oficina acusó recientemente a seis personas de defraudar a los contribuyentes y perjudicar a trabajadores estadounidenses mediante documentos laborales falsificados proporcionados a inmigrantes ilegales. Wilson señaló además que las nuevas alianzas entre autoridades estatales y federales permitieron identificar más de 20 millones de dólares en presuntas reclamaciones fraudulentas de Medicaid durante una operación denominada ''Operation Border Wars''.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el fraude público y anunció 17 casos en siete estados del sur del país que involucran más de 350 millones de dólares robados o destinados a ser obtenidos mediante distintos esquemas fraudulentos. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, apunta contra operaciones relacionadas con cupones de alimentos, programas de salud, vivienda, préstamos de emergencia y declaraciones fiscales.
La División Nacional de Aplicación contra el Fraude del DOJ informó el 30 de julio que los casos se desarrollan en Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las autoridades describieron la situación como una verdadera ''epidemia de fraude'' que afecta los recursos públicos y perjudica directamente a los contribuyentes estadounidenses.
El fiscal general adjunto Colin McDonald destacó que enfrentar este problema requiere una coordinación amplia entre las autoridades federales y estatales. Como parte de la ofensiva, se están creando nuevas fuerzas especiales contra el fraude en tres estados y se han establecido acuerdos para mejorar la cooperación entre los gobiernos estatales y Washington, incluido el intercambio de información empresarial y datos relacionados con beneficios públicos.
El gobierno de Trump avanza contra el fraude público que incluye operaciones relacionadas con programas de salud y fondos de emergencia
Según el Departamento de Justicia, desde el 4 de julio los fiscales federales ya han presentado cargos contra 12 personas en casos que superan los 90 millones de dólares. Para la administración Trump, el objetivo es identificar a quienes explotan programas financiados por los contribuyentes y recuperar recursos que deberían estar destinados a ciudadanos que realmente necesitan asistencia.
Uno de los mayores casos se produjo en Louisiana y está relacionado con reclamaciones fraudulentas presentadas a Medicare por pruebas genéticas innecesarias relacionadas con cáncer y enfermedades cardíacas. Según los fiscales, pacientes fueron atraídos al esquema y sometidos a pruebas que no les proporcionaron información útil sobre su predisposición a enfermedades potencialmente mortales. El presunto fraude habría provocado pérdidas de aproximadamente 174 millones de dólares para los contribuyentes.
En Alabama, un preparador de impuestos del área de Birmingham fue acusado de presentar miles de declaraciones en las que reclamaba falsamente créditos fiscales destinados a mejoras de eficiencia energética en viviendas. Los investigadores estiman que el perjuicio para el Gobierno alcanzó casi 70 millones de dólares.
El fiscal del Departamento de Justicia, Colin McDonald, anunció que es necesaria la coordinación entre fuerzas estatales y federales
Florida también aparece entre los casos destacados. Una persona que se declaró culpable de presentar una declaración fiscal falsa aceptó pagar cerca de 35 millones de dólares en restitución y entregar propiedades ubicadas en Miami Beach y las Islas Vírgenes estadounidenses. Entre los bienes decomisados también figuran un Range Rover y dos vehículos Ferrari.
El fiscal general de Carolina del Sur realizó una dura acusación contra seis personas por cometer fraude mediante la entrega de documentación falsa a inmigrantes ilegales
Funcionarios republicanos han destacado el respaldo de la administración Trump a estas iniciativas. La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, afirmó que los estados están ''contraatacando'' contra el fraude en los programas de beneficios con ayuda del gobierno federal.
La División Nacional de Aplicación contra el Fraude fue creada en abril como parte de la estrategia de Trump para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso de recursos públicos. La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, afirmó que Trump ha exigido a las autoridades aumentar sus esfuerzos para proteger el dinero de los contribuyentes.
La dimensión del problema explica la prioridad otorgada por la administración. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estima que el fraude le cuesta al Gobierno federal entre 233.000 millones y 521.000 millones de dólares anuales.
La fiscal general de Louisiana, uno de los estados más afectados por el fraude, respaldó la iniciativa del gobierno de Trump y aseguró que los estados contraatacarán contra la ilegalidad
La ofensiva, además, se está extendiendo a otras áreas. En julio, la división creó una unidad especializada en delitos comerciales para investigar evasión de aranceles, contrabando, fraude aduanero, violaciones de sanciones e importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
De esta manera, el gobierno de Trump busca convertir la lucha contra el fraude en una prioridad nacional, combinando mayor coordinación entre Washington y los estados, persecución penal y recuperación de fondos públicos. Para sus funcionarios, atacar estas redes significa proteger directamente a los contribuyentes y garantizar que los programas gubernamentales no sean utilizados para enriquecimiento ilícito.
