Varios solicitaron audiencias de fianza ante jueces de inmigración. Los jueces concluyeron que la sección 1225 no les otorgaba autoridad para conceder esas audiencias. Los inmigrantes recurrieron entonces a tribunales federales de distrito en Michigan y solicitaron su liberación.
Los tribunales concedieron las solicitudes. En tres de los cuatro casos, además, determinaron que mantenerlos detenidos sin una audiencia de fianza violaba sus derechos constitucionales al debido proceso.
El gobierno liberó posteriormente a los inmigrantes sin celebrar audiencias de fianza y apeló las decisiones ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Cincinnati, Ohio. En una decisión dividida, el tribunal confirmó los fallos de los tribunales inferiores.
La administración Trump recurrió a la Corte Suprema para defender su política de detención obligatoria de inmigrantes ilegales que permanecen en Estados Unidos sin haber sido admitidos formalmente, incluso cuando llevan años en el país. El gobierno sostiene que la legislación federal exige mantenerlos bajo custodia mientras avanzan sus procesos de deportación, sin garantizarles automáticamente una audiencia para solicitar libertad bajo fianza.
La petición, presentada por el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, en el caso ''Raycraft v. Lopez-Campos'', fue registrada ante la Corte Suprema el 24 de junio. El documento no aparecía inicialmente en el sitio web del tribunal debido a las reglas aplicables a determinadas presentaciones sensibles, pero la oficina de información pública proporcionó una copia a los medios el 26 de junio.
La administración Trump sostiene que la sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) obliga al gobierno a detener a determinados inmigrantes que ingresaron ilegalmente y que nunca fueron admitidos formalmente en Estados Unidos. Según la interpretación del ejecutivo, esa obligación continúa mientras se desarrollan los procedimientos de expulsión.
El argumento se basa en una disposición que establece que determinadas personas que buscan ser admitidas en Estados Unidos ''deberán ser detenidas'' cuando un funcionario migratorio determine que no tienen derecho a ingresar de manera clara e inequívoca.
El gobierno de Trump le pidió a la Corte Suprema que intervenga en la decisión para detener sin fianza a inmigrantes ilegales
La administración considera que esta norma también alcanza a inmigrantes que ingresaron ilegalmente y posteriormente fueron encontrados dentro del territorio estadounidense sin haber recibido una admisión formal. Para el gobierno, permitir que esas personas sean liberadas mientras esperan sus procesos de deportación debilitaría la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes migratorias.
Los inmigrantes involucrados en el litigio sostienen una interpretación diferente. Argumentan que, una vez que ya se encuentran dentro del país, la sección 1225 deja de ser aplicable porque ya no están ''buscando admisión''. Según esa postura, debería utilizarse la sección 1226 de la INA, que permite procedimientos de fianza y audiencias ante jueces de inmigración.
Sin embargo, la Casa Blanca ha presentado la medida como parte de su estrategia para terminar con las políticas conocidas como ''catch and release'', mediante las cuales algunos inmigrantes eran liberados mientras esperaban sus audiencias migratorias. Para la administración, endurecer la detención busca garantizar que las órdenes de expulsión puedan ejecutarse efectivamente y reducir los incentivos para permanecer ilegalmente en el país.
La Casa Blanca busca terminar con la nefasta práctica de ''Catch and Release''
El caso ante la Corte Suprema involucra a 11 inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente fueron detenidos. Las autoridades migratorias iniciaron procedimientos de expulsión contra ellos y determinaron que debían permanecer detenidos bajo la sección 1225 durante el proceso.
La Sexta Corte de Apelaciones ha llevdo una postura contraria al gobierno de Trump y asegura que la sección 1225 no aplica a inmigrantes ilegales ya presentes en suelo estadounidense
El Sexto Circuito concluyó que la sección 1225 no se aplica a inmigrantes que ya están presentes en Estados Unidos porque, tras su ingreso, no pueden considerarse personas que continúan ''buscando admisión''. También determinó que la detención sin una audiencia de fianza planteaba problemas de debido proceso.
Sauer pidió a la Corte Suprema que intervenga para resolver definitivamente la disputa. El gobierno sostiene que la interpretación del Sexto Circuito es incorrecta y advierte que existe actualmente una división entre los tribunales federales de apelaciones: tres circuitos han rechazado la política de la administración, mientras que otros dos la han respaldado.
Según Sauer, esta división ha creado un sistema migratorio desigual en el que la posibilidad de obtener una audiencia de fianza depende del lugar donde una persona sea detenida. Para la administración Trump, esa situación resulta incompatible con una aplicación uniforme de las leyes federales de inmigración.
''El cumplimiento de las leyes migratorias no debería depender de una casualidad geográfica'', sostiene el procurador general en la petición.
De acuerdo con el procurador general, John Sauer, la división en la interpretación de la ley migratoria ha creado un sistema fallido y desigual
