La administración Trump también comunicó que no cooperará con sus investigaciones.
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El Gobierno de Donald Trump notificó formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que no reconoce su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y que no cooperará con ninguna investigación o procedimiento impulsado por ese tribunal internacional. La posición fue expresada en una carta enviada esta semana al organismo con sede en La Haya.
El documento fue firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche, y dirigido a la presidente de la CPI, la jueza Tomoko Akane.
Allí, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que cualquier intento de la Corte de ejercer autoridad sobre ciudadanos del país constituye una violación a su soberanía.
El presidente Donald Trump.
“Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y nunca ha consentido la autoridad de la CPI. Según el derecho internacional, un tratado no puede vincular a un país que no lo haya ratificado. Por consiguiente, la CPI no tiene jurisdicción sobre los estadounidenses —en ningún lugar del mundo— y cualquier intento de ejercer dicha autoridad es ilegítimo, ilegal y una afrenta directa a la soberanía de Estados Unidos”, señala la carta.
En ese marco, la administración estadounidense cuestionó el funcionamiento del tribunal internacional y puso en duda su imparcialidad.
“La CPI ha actuado de manera cada vez más ilegal e ilegítima”, escribió Blanche, quien además advirtió que existen “acusaciones creíbles de mala conducta interna” que afectan la credibilidad del organismo.
Según expresó, el historial de aplicación selectiva de la ley por parte de la Corte “genera serias dudas sobre la imparcialidad, la credibilidad y la legitimidad de la CPI”.
El presidente Donald Trump.
Antecedentes legislativos
El posicionamiento oficial también se apoya en antecedentes legislativos. En 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Militares Estadounidenses, que rechaza expresamente la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos del país, incluyendo militares, funcionarios y civiles.
Esta normativa prohíbe la cooperación con el tribunal y autoriza al presidente a emplear todos los medios necesarios para garantizar la liberación de cualquier estadounidense detenido bajo órdenes de la Corte.
A partir de esta postura, el Departamento de Justicia dejó en claro que no colaborará con ninguna instancia vinculada a la CPI. Esto incluye investigaciones, citaciones, extradiciones o cualquier otro tipo de procedimiento que involucre a ciudadanos estadounidenses.
Sede de la Cortel Penal Internacional.
Asimismo, advirtió que se opondrá a cualquier intento de terceros países de transferir personas hacia la jurisdicción del tribunal internacional.
“El Departamento de Justicia está plenamente comprometido con la defensa de la soberanía de nuestra nación y la protección de los derechos de los ciudadanos estadounidenses frente a extralimitaciones internacionales ilegítimas”, continúa la carta. En ese sentido, el texto remarca que el sistema judicial estadounidense es autónomo y no debe subordinarse a organismos externos.
“Nuestra Constitución —la ley suprema del país— confiere el poder judicial de Estados Unidos a sus propios tribunales, y nuestro sistema jurídico es la envidia del mundo. Estados Unidos no subordinará la libertad y la seguridad de su pueblo a un tribunal extranjero en La Haya, sin rendir cuentas ante ningún electorado ni respetar la Constitución”, concluye el documento.
Con esta comunicación oficial, la administración Trump reafirma su rechazo histórico a la Corte Penal Internacional y consolida una política de no reconocimiento de su autoridad, en defensa de la soberanía jurídica del país.
