La coalición de fiscales demócratas afirma que los aranceles elevarán los precios, mientras Trump los defiende para proteger la industria y combatir el trabajo forzado.
Un grupo de 22 fiscales generales demócratas presentó una nueva ofensiva política y legal contra la política comercial del presidente Donald Trump, al rechazar la propuesta de imponer aranceles de hasta el 12,5% a importaciones procedentes de 59 países y de la Unión Europea por su falta de medidas efectivas para impedir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzado.
La iniciativa de la administración Trump busca reconstruir parte de su estrategia arancelaria después de que la Corte Suprema invalidara en febrero los llamados aranceles de emergencia. En lugar de recurrir a esos mecanismos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, argumentando que numerosos socios comerciales no están haciendo lo suficiente para impedir la circulación de productos fabricados mediante explotación laboral.
Los fiscales generales, encabezados por el fiscal de California, Rob Bonta, calificaron la propuesta como ilegal y sostuvieron que los nuevos gravámenes elevarían los precios para consumidores y empresas estadounidenses. En una carta enviada a la USTR, afirmaron que la administración estaría utilizando la investigación sobre trabajo forzado como un pretexto para restablecer aranceles que los tribunales ya habían rechazado bajo otra base legal.
Entre los firmantes figuran los fiscales generales de Arizona, Michigan, Illinois, Virginia, Colorado, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey, además de otros estados gobernados por el Partido Demócrata.
El fiscal general demócrata de California es uno de los impulsores de la arremetida contra la política comercial del presidente Trump
Los funcionarios demócratas argumentaron que el expediente elaborado por la USTR no demuestra una relación suficiente entre los aranceles propuestos y la reducción del trabajo forzado a nivel mundial. Según su postura, la Casa Blanca debería colaborar con gobiernos extranjeros y organismos internacionales para combatir ese problema en lugar de recurrir a medidas comerciales de amplio alcance.
Sin embargo, los críticos de la posición demócrata sostienen que esa estrategia de cooperación internacional ha producido resultados limitados durante décadas, mientras continúan apareciendo denuncias sobre cadenas de suministro contaminadas por trabajo infantil, trabajo esclavo y otras formas de explotación laboral. Desde esta perspectiva, las sanciones económicas representan una herramienta de presión destinada a incentivar cambios reales entre los principales socios comerciales de Estados Unidos.
La USTR tiene previsto celebrar audiencias públicas durante tres días para analizar la propuesta. El plan contempla aranceles del 10% para 16 economías, incluida la Unión Europea, y del 12,5% para otros 44 países, alcanzando en conjunto al 99,4% de los bienes importados por Estados Unidos.
El gobierno de Trump planea implementar nuevos aranceles contra aquellos países que incurran en prácticas de trabajo forzoso
Los fiscales demócratas también sostienen que la investigación fue realizada de manera apresurada y que presenta inconsistencias respecto de investigaciones anteriores desarrolladas bajo la Sección 301. En su opinión, el informe no justifica la imposición de gravámenes generalizados ni demuestra que los aranceles modificarán el comportamiento de los países involucrados.
Como ejemplo, señalaron que un informe del Departamento de Trabajo identifica productos asociados al trabajo forzado, entre ellos carne vacuna congelada procedente de Brasil. No obstante, la propia propuesta de la USTR contempla excepciones para numerosos productos cárnicos, incluida precisamente la carne vacuna congelada, lo que, según los fiscales, evidencia contradicciones dentro del plan.
Asimismo, cuestionaron que las exenciones se definan por categorías de productos y no por países específicos, argumentando que ello debilita la afirmación de que los aranceles buscan modificar las prácticas laborales de determinados gobiernos.
La Oficina del Representante Comercial declinó comentar públicamente la carta enviada por los fiscales estatales, alegando su política de no pronunciarse sobre investigaciones comerciales en curso.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos identificó un foco de trabajo forzado en la importación de carne congelada de Brasil
Para los defensores de la política de Trump, la reacción de los fiscales demócratas refleja una oposición casi automática a las medidas comerciales impulsadas por el presidente, incluso cuando estas buscan combatir prácticas denunciadas internacionalmente como el trabajo forzado. Resulta contradictorio que muchos de esos mismos funcionarios afirmen defender los derechos humanos mientras rechazan instrumentos de presión económica dirigidos contra cadenas de suministro cuestionadas por organismos internacionales.
El debate continuará durante las audiencias convocadas por la USTR, cuyo resultado podría definir una nueva etapa en la política comercial de la administración Trump y abrir otro frente de confrontación con estados gobernados por el Partido Demócrata, que nuevamente recurren a acciones legales para intentar bloquear una de las principales iniciativas económicas del presidente.
