El Departamento de Justicia de Trump le advirtió a los 50 gobernadores del país que sus funcionarios electorales pueden ser imputados penalmente si permiten de forma adrede que inmigrantes indocumentados voten en las próximas elecciones.
La fiscal general adjunta para los Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, la máxima responsable de la aplicación de las leyes electorales dentro del Departamento, envió las cartas el martes después de que una investigación descubriera que decenas de miles de no ciudadanos están incorporados en los padrones electorales estatales. También procesó a un puñado de extranjeros que votaron ilegalmente en las elecciones federales, incluido a un ciudadano australiano.
Las cartas de Dhillon otorgan a los estados un plazo de cinco días para explicar cómo cumplirán con las leyes federales de elegibilidad de los votantes e identificar qué medidas tomarán para mantener los padrones limpios sin la inclusión de indocumentados cuando llegue el día de las elecciones.
"Cualquier funcionario electoral, incluido el director electoral estatal, que mantenga a sabiendas a no ciudadanos en el registro estatal de votantes (SVRL) o facilite que los no ciudadanos reciban y emitan votos podría estar sujeto a responsabilidad penal", dice una parte del documento remitido a los estados.
Harmeet Dhillon, una de las funcionarias clave de Trump.
El gobierno intimó a los estados a que depuren sus listas
Estas amenazas de persecución penal dirigida principalmente a los estados controlados por los demócratas no serían necesarias si el Senado aprobase de una vez por todas la Ley SAVE America patrocinada por Trump, la cual exige prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para poder votar en cualquier comicio federal.
"Mire, no quiero asustar a nadie, pero si esto está provocando miedo, eso significa que algunas personas están preocupadas porque realmente están violando la ley, y queremos que se detengan", afirmó Dhillon en el pódcast del portal Just The News. "Espero que no sea necesario ningún procesamiento penal", reflexionó la fiscal.
Dhillon indicó que hay padrones estatales que cuentan con "cientos de miles de personas fallecidas", como es el caso de Carolina del Norte, en cuyas listas aparecen 34,000 difuntos, mientras que una auditoría en curso en Ohio señaló recientemente 62 posibles registros de no ciudadanos. Por su parte, Míchigan ha eliminado más de 1.4 millones de registros desde 2019 para depurar a los votantes fallecidos.
