El Gobierno de Donald Trump anunció que buscará sacarle la ciudadanía estadounidenses a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos de regularización.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la administración republicana utilizará “todas las vías legales” disponibles para desnaturalizar a quienes hayan accedido a la ciudadanía de manera ilegal, en el marco de una estrategia que busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la integridad del sistema.
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, afirmó Mullin a través de la red social X, al referirse a la iniciativa.
El presidente Donald Trump.
La postura del funcionario se dio luego de que trascendieran detalles sobre los planes oficiales para avanzar contra casos específicos de fraude migratorio.
Según se informó, el Gobierno de Trump apunta inicialmente a un grupo de 17 ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero que habrían obtenido su estatus mediante declaraciones falsas u omisiones deliberadas.
Desde la administración remarcan que la medida no solo busca corregir irregularidades, sino también evitar que el sistema sea utilizado por personas con antecedentes delictivos.
En ese sentido, Mullin advirtió que su departamento no permanecerá “de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales”, en referencia a casos que incluyen delincuentes sexuales, narcotraficantes y responsables de fraude.
Bandera estadounidense.
El funcionario fue enfático al señalar que algunos individuos “han explotado la generosidad de EE.UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio”, lo que refuerza la necesidad de avanzar con mecanismos legales para revisar y, en caso necesario, revertir naturalizaciones obtenidas de forma indebida.
La política forma parte de un endurecimiento más amplio de las medidas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, con el objetivo de fortalecer la seguridad interna y restablecer reglas claras en los procesos de ingreso y permanencia en el país.
En paralelo, el Departamento de Justicia también se alineó con esta estrategia. El fiscal general interino, Todd Blanche, anticipó que habrá “tolerancia cero” frente a cualquier intento de abuso del sistema de naturalización.
“Hay extranjeros delincuentes que mienten sobre sus delitos pasados, incluidos narcotraficantes, depredadores sexuales y estafadores”, sostuvo.
De avanzar los procedimientos en curso, los inmigrantes investigados perderían su ciudadanía y retornarían a su estatus migratorio previo, lo que implicaría también la pérdida de derechos asociados, como la protección frente a la deportación.
Estas acciones son clave para preservar la transparencia del sistema migratorio y asegurar que el acceso a la ciudadanía estadounidense se base en el cumplimiento de la ley, enviando además una señal clara sobre las consecuencias del fraude migratorio.
