Una corte federal rechazó una demanda de California contra una norma de la ATF, asestando un revés al gobierno demócrata en su agenda de control de armas.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó una demanda presentada por California y un grupo de defensa del control de armas que buscaban imponer reglas federales más estrictas sobre las llamadas ''armas fantasma'', armas de fuego sin número de serie que pueden ser difíciles de rastrear por las autoridades. El fallo representa un revés para la estrategia del gobierno demócrata de California, que había intentado utilizar los tribunales federales para ampliar las restricciones sobre este tipo de armas.
El tribunal, con sede en San Francisco, falló por unanimidad 3-0 y anuló una decisión anterior de un tribunal federal inferior que había favorecido a los demandantes. Los jueces determinaron que California y Giffords Law Center no demostraron haber sufrido un perjuicio concreto y verificable como consecuencia de una regulación adoptada en 2022 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
La disputa se centra en una norma de la ATF que estableció cuándo determinados receptores o armazones parcialmente terminados deben considerarse legalmente armas de fuego. Según la regulación, algunos componentes vendidos junto con herramientas o dispositivos destinados a facilitar su fabricación quedan sujetos a las leyes federales. Sin embargo, piezas sin terminar comercializadas por separado permanecen fuera de determinadas regulaciones.
La justicia estadounidense falló en contra de California en una demanda contra las ''armas fantasma''
California y Giffords argumentaron que esa distinción creaba una brecha que permitía el acceso a componentes utilizados para fabricar armas sin los mismos controles aplicados a las armas tradicionales. El gobierno estatal sostuvo además que la situación aumentaba los costos para las autoridades y obligaba a California a acelerar sus propios esfuerzos legislativos para combatir la proliferación de estas armas.
Los jueces rechazaron esos argumentos por considerarlos insuficientes para demostrar legitimación procesal. La opinión, redactada por la jueza de circuito Consuelo Callahan en nombre de los jueces Holly Thomas y Anthony Johnstone, señaló que los demandantes no podían basar su caso únicamente en riesgos generales o problemas que ya existían antes de que la ATF adoptara su normativa.
El tribunal destacó que la Constitución establece límites al papel de los tribunales federales y que los demandantes deben demostrar un perjuicio concreto para poder cuestionar una acción gubernamental. En el caso de California, los jueces determinaron que el estado no probó que la regulación federal hubiera provocado directamente gastos adicionales para capacitar a las fuerzas del orden o acelerar su legislación sobre las ''armas fantasma''.
La jueza Consuelo Callahan, perteneciente a la Corte de Apelaciones del Noveno circuito, emitió la opinión
La decisión también cuestionó los argumentos de Giffords, que afirmó que la normativa de la ATF había afectado su misión y obligado al grupo a destinar más recursos a combatir la proliferación de armas. Según los jueces, esa conexión era demasiado especulativa y no alcanzaba el nivel de daño necesario para justificar la intervención judicial.
El fallo supone una derrota para el gobierno demócrata de California, que durante años ha impulsado algunas de las políticas de control de armas más restrictivas del país. La decisión muestra además los límites que enfrenta Sacramento cuando intenta utilizar litigios federales para imponer interpretaciones más amplias de las leyes nacionales sobre armas.
El caso adquiere mayor relevancia porque se produce pocos días después de otra decisión judicial sobre la misma normativa, aunque desde una perspectiva completamente diferente. El juez federal Reed O’Connor, del Distrito Norte de Texas, determinó que la regla de 2022 de la ATF violaba los derechos constitucionales de los demandantes vinculados a la Segunda Enmienda.
Los grupos ''Defense Distributed'' y ''Second Amendment Foundation'' habían argumentado que los estadounidenses poseen una tradición histórica de fabricar armas de manera privada y que la regulación era inconstitucionalmente ambigua al determinar en qué momento una pieza de metal o plástico se convierte en un arma regulada.
O’Connor emitió una orden judicial limitada a los demandantes de ese caso, por lo que la regulación continúa vigente para el resto del país. El gobierno federal podría apelar ante el Quinto Circuito, aunque todavía no está claro si la administración Trump recurrirá el fallo.
Las armas fantasma son armas sin número de serie, las cuales el gobierno demócrata de California ha intentado restringir durante un largo tiempo
El escenario jurídico resulta especialmente complejo porque en marzo de 2025 la Corte Suprema había respaldado la autoridad de la ATF para emitir esta regulación en un caso separado. Las nuevas decisiones, por tanto, abren otro capítulo en la disputa sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal al regular componentes utilizados para fabricar armas.
Mientras California evalúa sus próximos pasos, el fallo del Noveno Circuito representa un importante golpe a los esfuerzos de sus autoridades demócratas por ampliar judicialmente las restricciones sobre las ''armas fantasma'', al tiempo que mantiene vigente, por ahora, el marco federal establecido por la ATF.
