Otro argumento central es la naturaleza de los recursos involucrados. El petróleo es un recurso no renovable y su extracción representa una modificación que no puede revertirse mediante una sentencia posterior. Si el Reino Unido avanza con las perforaciones y posteriormente un tribunal reconoce los derechos argentinos, los hidrocarburos extraídos no podrán ser restituidos.
A esto se suman las disposiciones de los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones de protección y preservación del medio marino. Argentina sostiene que la actividad hidrocarburífera también debe analizarse bajo esos compromisos internacionales.
El Reino Unido rechaza la competencia del Tribunal y defiende Sea Lion
La posición británica se concentra en cuestionar la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir en una controversia que, según Londres, involucra una cuestión de soberanía territorial ajena a sus competencias. El Gobierno británico sostiene que las islas son territorio soberano del Reino Unido y que sus autoridades tienen facultades para regular las actividades económicas y otorgar licencias de explotación hidrocarburífera.
La fiscal general británica, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo al frente de un equipo de abogados para representar al Reino Unido. Antes del comienzo de las audiencias, afirmó que su país reconoce la autoridad del organismo internacional, pero considera que no tiene competencia para resolver cuestiones vinculadas con la soberanía de las Malvinas.
Londres también sostiene que las licencias otorgadas para el desarrollo petrolero no quedan invalidadas por la presentación argentina. En octubre, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había defendido esa posición ante la Cámara de los Comunes y había mencionado el referéndum realizado en las islas en 2013, cuyo resultado fue de un 99,8% a favor de continuar como territorio británico.
Sin embargo, la controversia que Argentina llevó ante el Tribunal no busca obtener una sentencia definitiva sobre la soberanía de las islas en esta instancia, sino impedir que se consoliden hechos económicos mientras continúa pendiente la disputa territorial. Esa distinción es central para la estrategia jurídica presentada por Buenos Aires.
