La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto para reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales, una medida respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y celebrada por sindicatos y organizaciones de izquierda. Sin embargo, la iniciativa despertó fuertes cuestionamientos entre empresarios y economistas, que advierten sobre sus posibles consecuencias para la economía brasileña.
La propuesta avanza en un momento particularmente delicado para el gobierno de Lula, que enfrenta dificultades para impulsar el crecimiento económico, problemas fiscales persistentes y una campaña de reelección cada vez más complicada. Diversas encuestas publicadas en los últimos meses muestran una caída en la popularidad del mandatario y una carrera electoral cada vez más favorable para la oposición conservadora.
