El Gobierno argentino salió a responderle a la embajada de Rusia luego de que negara la existencia de una campaña de desinformación contra el presidente Javier Milei. La respuesta estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, quien confirmó que el caso ya se encuentra bajo análisis de la Justicia argentina.
El pronunciamiento llega en medio del escándalo generado por la investigación internacional que reveló una red de operaciones impulsadas desde Rusia para influir en la opinión pública local y desacreditar al Gobierno. Frente a esto, la embajada rusa buscó deslegitimar el informe y aseguró que no existen pruebas que respalden las acusaciones.
La respuesta del canciller Pablo Quirno.
A través de un comunicado difundido en Telegram, la representación diplomática sostuvo que los informes forman parte de materiales “antirrusos” y calificó la investigación como una historia “inflada artificialmente”, insistiendo en que no se presentaron evidencias concretas. Además, lamentó lo que consideró un intento de enturbiar las relaciones bilaterales entre ambos países.
No es la primera vez que Rusia adopta esta postura. En junio de 2025, la embajada ya había rechazado acusaciones similares y negó cualquier tipo de vínculo con una supuesta red de influencia en Argentina, señalando que su rol se limita a fortalecer la cooperación entre ambos países.
El comunicado difundido por la embajada rusa en Telegram.
Quirno señaló que los hechos mencionados están siendo analizados por la Justicia, que será la encargada de determinar responsabilidades en el marco del Estado de Derecho. Además, remarcó que el Ejecutivo sigue el tema con atención y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Los elementos existentes son suficientes como para que el caso avance en el ámbito judicial. Esto implicaría que la discusión dejaría el ámbito mediático para pasar de lleno al terreno institucional.
Dmitry Feoktistov, embajador ruso en Argentina.
La investigación original sostiene que una estructura vinculada a intereses rusos habría destinado cientos de miles de dólares para instalar contenidos en medios argentinos, muchos de ellos críticos del Gobierno y alineados con narrativas contrarias a su política exterior.
Por ahora, el caso sigue abierto. Pero con la intervención de la Justicia y la confirmación oficial del Gobierno, el episodio deja de ser una denuncia periodística aislada y se consolida como un tema de relevancia institucional, con impacto directo en la seguridad y las relaciones bilaterales entre los países.
