Existen varias vías a través de las cuales el Congreso puede cancelar fondos que ya han sido asignados en el presupuesto del año fiscal en curso. Sin embargo, solo una de ellas permite eludir el obstruccionismo parlamentario (filibuster) en el Senado: el proceso de rescisión establecido en la Ley de Control Presupuestario y de Retención de Fondos del Congreso de 1974 (CBA, por sus siglas en inglés).
Según esta ley, si un presidente desea anular partidas de gasto previamente autorizadas por el Congreso en las leyes de asignaciones discrecionales de ese año, debe enviar una notificación formal al Capitolio proponiendo qué fondos deberían ser cancelados.
A partir de ese momento, el presidente está habilitado a retener los fondos señalados durante un período de 45 días de ''sesión continua'' del Congreso. Si al concluir ese período el Congreso y el presidente no logran aprobar formalmente la medida de rescisión, la administración, siempre que respete la ley presupuestaria federal, está obligada a liberar los fondos retenidos.
