En un nuevo intento por sostener una economía colapsada, la dictadura cubana de Díaz-Canel puso en marcha una ley que permite a ciudadanos residentes en el exterior invertir en la isla, una medida que evidencia tanto la gravedad de la crisis como las limitaciones estructurales del modelo socialista.
El Decreto-Ley 117, ya en vigor, habilita a los cubanos emigrados a obtener una “condición migratoria de inversores y de negocios”, otorgándoles derechos similares a los residentes dentro del país. La iniciativa apunta especialmente a captar recursos de la comunidad cubanoamericana, históricamente clave por el envío de remesas y su peso económico fuera de la isla.
