El dictador Lula da Silva pidió bajar la candidatura de Flávio Bolsonaro a días del balotaje

En la recta final hacia el balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil, el escenario político se encuentra sacudido por los intentos del dictador Luiz Inácio Lula da Silva de inhabilitar a la oposición. Este domingo, la ciudadanía definirá la presidencia entre el líder del Partido de los Trabajadores, quien a sus casi 81 años busca un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quien con 45 años representa el avance de la derecha. El candidato conservador llega consolidado como favorito tras haberse impuesto en la primera vuelta con un 47% de los votos frente al 45% obtenido por Lula da Silva. Ante la inminencia del resultado, figuras internacionales como el presidente argentino Javier Milei alertaron abiertamente sobre la posibilidad de un fraude electoral perpetrado por el oficialismo.

Frente al adverso panorama en las urnas y la marcada preocupación popular por la pobreza, el equipo del mandatario izquierdista desplegó una drástica embestida institucional a días del balotaje para exigir la anulación de la candidatura de Flávio Bolsonaro. Según confirmó a la agencia AFP la campaña oficialista, la petición formal se elevará ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La intensa disputa sobre las redes sociales llevó al TSE a convocar una audiencia de emergencia conducida por el juez Marco Aurélio Bellizze, quien manifestó que “Transparencia e igualdad entre los candidatos es lo que se busca resguardar”. La semana previa, la justicia electoral dio un ultimátum de 24 horas a la firma estadounidense —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— bajo apercibimiento de apliques de 200.000 dólares diarios en caso de incumplimiento.

El argumento esgrimido por el senador Camilo Santana, coordinador de campaña de Lula da Silva, sostiene que habría existido una presunta “manipulación algorítmica” e “interferencia” por parte del gigante tecnológico Meta. En sus denuncias, la izquierda alega haber sufrido un alcance restringido en Instagram y WhatsApp, además de acusar a la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp de negarse a generar publicaciones favorables a Lula da Silva, beneficiando supuestamente a la derecha.

Sin embargo, el bando conservador no se ha quedado de brazos cruzados frente al hostigamiento estatista y presentó su propia denuncia para anular la candidatura del propio Lula da Silva. El senador Flávio Bolsonaro acudió al TSE acusando al mandatario socialista de un flagrante “abuso de poder” y propaganda indebida por la difusión masiva de actos gubernamentales mediante cuentas oficiales de WhatsApp durante el periodo de campaña. Paralelamente, los portavoces de Flávio Bolsonaro denunciaron una “ofensiva de propaganda negativa impulsada” por el oficialismo con la presunta anuencia de Meta.

Tras ello, Meta notificó en un documento revelado por Poder360 que acató las resoluciones judiciales asegurando que “los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria”, limitando la pauta exclusivamente a partidos y candidatos registrados. Si bien el consejo asesor de contenido en Londres observó “fallos recurrentes”, la compañía justificó la caída circunstancial de anuncios a errores de “problemas técnicos” no intencionados.

En un intento desesperado por debilitar a la derecha, Lula da Silva propuso levantar sus secretos bancarios y telefónicos a condición de que su rival haga lo propio, aludiendo a investigaciones policiales sobre el financiamiento de un filme acerca del expresidente Jair Bolsonaro. Como réplica, Flávio Bolsonaro recordó las graves sospechas de tráfico de influencias sobre Lulinha, hijo del presidente, remarcando que sus cuentas personales se encuentran íntegramente declaradas ante el fisco.

Asimismo, la izquierda movilizó a sus bases bajo las consignas “Bolsonaro nunca más” y “Por la democracia”, recurriendo a medidas populistas como el adelantamiento de subsidios del programa Bolsa Familia para 50 millones de personas y la sanción de una reforma constitucional que otorga dos días de descanso laboral para intentar revertir el inminente triunfo conservador.