Estados Unidos intensificó los controles sobre el comercio de combustible con Cuba con el objetivo de limitar el acceso del conglomerado militar GAESA a los recursos energéticos y a las divisas que generan esas operaciones. La estrategia apunta a identificar empresas privadas que funcionarían como intermediarias para mantener los negocios del aparato militar cubano pese a las sanciones de Washington.
El documento sostiene que algunas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) aparecen formalmente como importadoras o comercializadoras de combustible, aunque las principales estructuras de distribución y cobro continúan vinculadas a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.
