Un supuesto “retraso” del Gobierno británico de Keir Starmer en ordenar la preservación de documentos podría haber derivado en la pérdida de pruebas clave vinculadas a los escándalos de bandas de inmigrantes ilegales vinculados a la explotación sexual, según advirtió un comité parlamentario del Reino Unido.
La preocupación se centra en la actuación del Ministerio del Interior británico, que habría demorado más de seis meses en emitir directivas para resguardar información sensible.
La advertencia fue formulada por Dame Karen Bradley, presidente del comité de Interior, quien solicitó explicaciones formales a la ministra Shabana Mahmood.
En una carta oficial, Bradley cuestionó el tiempo transcurrido hasta que se instruyó a fuerzas policiales, autoridades locales y otros organismos a conservar registros potencialmente relevantes para la investigación en curso.
Inmigrantes ilegales arrestados.
Según planteó, esta demora podría haber tenido “consecuencias directas” sobre la disponibilidad de evidencia. En ese sentido, la legisladora pidió precisiones sobre si el Ejecutivo evaluó el impacto del retraso, incluyendo posibles implicancias legales a futuro, y si se consultó a las administraciones sobre la eventual eliminación de archivos importantes.
Además, Bradley puso foco en qué ocurriría si se confirma que documentación clave fue destruida antes de que existiera una orden oficial para su conservación. La inquietud radica en que, sin una directiva previa, las instituciones no estaban obligadas a retener esos materiales.
El origen del problema se remonta a una auditoría encabezada por baronesa Casey, que en junio recomendó impedir la eliminación de cualquier registro relacionado con estos casos.
Keir Starmer.
Sin embargo, de acuerdo con el comité parlamentario, recién el 14 de enero el Ministerio del Interior tomó contacto con responsables policiales para iniciar la recopilación de documentación de cara a la investigación nacional.
Dicha investigación estará dirigida por baronesa Longfield y tendrá como objetivo examinar posibles encubrimientos por parte de autoridades locales.
El proceso contará con amplios poderes legales para exigir testimonios y pruebas, y se apoyará tanto en investigaciones policiales en curso, incluidas las de alcance nacional, como en los relatos de víctimas y testigos. En caso de detectarse indicios delictivos, estos serán remitidos a las fuerzas de seguridad.
El contexto agrava la preocupación, ya que muchos de los delitos investigados ocurrieron hace más de una década, mientras que las políticas de conservación de datos de distintas administraciones permiten eliminar archivos tras períodos variables, que pueden ir de seis a veinte años.
