El futuro de la central nuclear de Almaraz en España se ha convertido en uno de los debates más sensibles en Europa, luego de que distintos sectores calificaran su cierre como una decisión guiada por ideología izquierdista más que técnica. En un contexto de crisis energética global, la política del gobierno de Pedro Sánchez de avanzar hacia el apagón nuclear genera cada vez más cuestionamientos dentro y fuera del país.
La central, ubicada en Extremadura, tiene previsto el cierre de sus dos reactores entre 2027 y 2028, como parte del plan nacional de abandonar la energía nuclear antes de 2035. Sin embargo, esta decisión responde más a una postura política que a criterios de seguridad o eficiencia energética.
El impacto potencial es significativo. La planta no solo aporta estabilidad al sistema eléctrico, sino que también genera miles de empleos directos e indirectos en una región ya vulnerable. Se estima que su cierre podría afectar a unos 4.000 trabajadores y profundizar el problema de despoblación en Extremadura.
Además, el debate se da en un momento en el que gran parte del mundo avanza en sentido contrario. Países como Estados Unidos, Francia o China están reforzando su capacidad nuclear como herramienta clave para garantizar el suministro energético y reducir emisiones. En contraste, el gobierno de Sánchez se encamina hacia un desmantelamiento progresivo de su parque nuclear, lo que se considera como una apuesta destinada al fracaso.
