La administración de Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades vinculadas al aparato económico y militar de Cuba, en una medida que busca aumentar la presión sobre el conglomerado estatal GAESA, considerado por Washington como uno de los principales pilares financieros del régimen de Díaz-Canel.
Entre las entidades incorporadas a la lista de sanciones figuran el Banco Financiero Internacional (BFI), una de las principales instituciones financieras de la isla; Almacenes Universales S.A.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia destinada a debilitar las fuentes de financiamiento de las estructuras responsables de sostener el aparato político y de seguridad cubano. Washington considera que GAESA continúa desempeñando un papel central en el control de amplios sectores de la economía nacional y en el sostenimiento del régimen.
Entre otros englomerados se encuentran la empresa logística vinculada a GAESA; Geominera S.A., dedicada a la explotación de recursos minerales; la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), principal industria siderúrgica del país; y Rafin S.A., una firma financiera utilizada para inversiones y operaciones empresariales.
La sede de GAESA en Cuba
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por las autoridades estadounidenses como una persona vinculada a Alejandro Castro Espín, hijo del ex gobernante Raúl Castro y una de las figuras más influyentes dentro de la estructura de seguridad del régimen de Miguel Díaz-Canel.
Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las entidades afectadas. Además, la administración Trump ha advertido que compañías extranjeras y entidades financieras internacionales podrían enfrentar sanciones secundarias si mantienen relaciones comerciales con organizaciones vinculadas a GAESA, MININT o MINFAR.
Donald Trump junto al Secretario de Estado Marco Rubio
Esta nueva ofensiva se suma a una serie de medidas adoptadas durante las últimas semanas contra empresas estatales cubanas, incluyendo sectores estratégicos como la minería, la energía y las finanzas. Para Washington, el objetivo es aumentar el costo económico para las estructuras que sostienen al régimen y limitar su acceso a financiamiento internacional.
La decisión representa uno de los golpes más importantes contra la red empresarial vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas desde el inicio de la nueva política de sanciones impulsada por la Casa Blanca en 2026.
