Las autoridades italianas justificaron las restricciones como una acción preventiva destinada a impedir que personas que hubieran ingresado irregularmente a territorio español pudieran desplazarse posteriormente hacia Italia aprovechando la ausencia de controles fronterizos dentro del espacio Schengen.
Roma argumentó que la situación migratoria exigía reforzar los mecanismos de vigilancia para evitar posibles movimientos secundarios de migrantes entre países europeos. La decisión italiana provocó una respuesta inmediata del gobierno español, que anunció restricciones equivalentes para los ciudadanos italianos.
Madrid rechazó las medidas adoptadas por Roma y las calificó de injustas, discriminatorias para la población española y contrarias a los intereses de la Unión Europea. De esta manera, una crisis inicialmente relacionada con el control migratorio en Ceuta terminó convirtiéndose en un enfrentamiento diplomático entre dos importantes socios europeos.
