La decisión frena embargos y medidas contra el país en pleno litigio por la expropiaciónm kirchnerista.
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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que favorece la posición de la Argentina y le otorga un respiro clave en medio de un litigio multimillonario. El tribunal ordenó que ningún proceso judicial avance hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la apelación presentada por el Estado nacional.
La medida responde a un pedido impulsado por la Procuración del Tesoro, que solicitó frenar cualquier acción vinculada a la ejecución del fallo dictado en 2023, el cual había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. La estrategia oficial apuntó a evitar embargos y nuevas medidas cautelares mientras se define la validez del reclamo de los fondos litigantes.
Sebastían Amerio, procurador del Tesoro.
El planteo fue formalizado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, en sus primeras horas en el cargo. En su presentación, el funcionario advirtió que permitir el avance de ejecuciones antes de una sentencia definitiva podría comprometer seriamente los intereses del Estado argentino, especialmente en un contexto de presión financiera internacional.
La Cámara aceptó el argumento y dispuso la suspensión integral de las actuaciones, lo que implica que, por el momento, no podrán ejecutarse reclamos ni iniciarse nuevas instancias de investigación en territorio estadounidense. Se trata de una decisión con impacto directo, ya que frena el riesgo inmediato de medidas sobre activos argentinos en el exterior.
El tribunal neoyorquino tiene ahora en sus manos la resolución de la apelación principal, que definirá si se confirma, modifica o revoca la condena previa. Distintos analistas del sector consideran que la decisión de suspender el resto de los procesos podría indicar que el fallo de fondo no estaría lejano, aunque no existe un plazo formal para su publicación.
El condenado Julio de Vido y el gobernador Axel Kicillof expropiaron la empresa y comprometieron a la Argentina.
Desde el punto de vista político y económico, la resolución representa un alivio para la administración de Javier Milei, que busca ordenar el frente judicial heredado y reducir la exposición del país a litigios internacionales costosos. El caso YPF, originado en una decisión del kirchnerismo en 2012, continúa generando consecuencias legales que impactan en la credibilidad y las finanzas de la Argentina.
En ese sentido, el freno judicial también vuelve a poner en discusión el costo de decisiones políticas del pasado que hoy derivan en reclamos millonarios. Mientras la causa avanza hacia una definición clave, el Gobierno apuesta a sostener su estrategia legal y evitar nuevos perjuicios para el Estado y la sociedad argentina en uno de los juicios más relevantes de los últimos años.
