La crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio dio un nuevo giro este lunes. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decidió abrir una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, al considerar que existen indicios de que el episodio pudo formar parte de un proceso organizado desde territorio marroquí y que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España.
La magnitud del episodio explica la decisión judicial. Más de 70.000 personas habrían participado en el desplazamiento hacia Ceuta durante aquellas jornadas, provocando una situación excepcional en la ciudad autónoma y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad españolas.
