Más allá de la tragedia inmediata, el derrumbe masivo de estas viviendas reaviva cuestionamientos estructurales sobre el programa habitacional chavista.
Ingenieros y especialistas atribuyen los colapsos al uso de materiales de baja calidad, la ausencia de controles técnicos y el incumplimiento de normas antisísmicas. Según estos análisis, las construcciones del Estado no estaban preparadas para resistir un terremoto de magnitud 7,5.
A esto se suman denuncias de corrupción sistemática en la ejecución del programa. Transparencia Venezuela ha señalado irregularidades en contratos internacionales, como el acuerdo con Bielorrusia, donde se transfirieron al menos 120 millones de dólares a la empresa estatal Belzarubezhtroy para un proyecto que nunca se completó.
Situaciones similares se registraron con otros países aliados del chavismo, como Uruguay y Brasil, donde obras inconclusas y fondos "perdidos" dejaron en evidencia la corrupción en la gestión.
El colapso de estas estructuras también revive el antecedente de 1999, cuando un deslave en la misma región dejó miles de muertos. En aquel entonces, el gobierno de Chávez priorizó la construcción de viviendas sociales en la zona costera, rechazando incluso ayuda internacional. Más de dos décadas después, esas mismas edificaciones se derrumban en cuestión de segundos.
La tragedia en La Guaira no solo deja un saldo humano devastador, sino que también expone el fracaso de años de políticas socialistas, la falta de controles y el uso político de la vivienda social.
