La regularización masiva de Pedro Sánchez superó las 900.000 solicitudes

El decreto de regularización masiva de inmigrantes ilegales, impulsado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha provocado un efecto llamada sin precedentes. A tan solo 15 días de que expire el plazo el próximo 30 de junio, las cifras oficiales confirman el caos administrativo y el descontrol en las fronteras españolas.

Según datos adelantados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ya se han contabilizado 900.000 solicitudes de extranjeros que buscan legalizar su estatus, lo que supone un nuevo récord histórico para el país. De esta masa de peticiones, cerca de 360.000 ya han sido admitidas a trámite, permitiendo a los solicitantes comenzar a trabajar de forma inmediata bajo el beneplácito de la Secretaría de Estado de Migraciones.

La magnitud del proceso es tal que la organización CEAR y la secretaria de Estado, Pilar Cancela, ya proyectan que el total de solicitudes superará con creces el 1.000.000 antes de que finalice el programa. Esta cifra duplica las previsiones originales del Gobierno, evidenciando una falta total de planificación y una política de puertas abiertas que ha desbordado los servicios sociales.

Desde una perspectiva más particular, el proceso no ha estado exento de tensiones. Diversas entidades sociales han denunciado lo que consideran “trabas burocráticas, controles policiales y deportaciones exprés” desde que se inició el plazo el 16 de abril.

Se han reportado dificultades extremas para ciudadanos procedentes de Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, quienes no logran obtener el certificado de antecedentes penales debido a la ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya.

Ante este escenario, el movimiento Regularización Ya ha exigido al Ejecutivo, a través de sus socios de coalición y partidos separatistas como Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG, una prórroga de los plazos y la paralización inmediata de cualquier expulsión.

En el detalle de las condiciones exigidas, los solicitantes deben acreditar su llegada a España antes del 31 de diciembre de 2015 y demostrar al menos cinco meses de residencia continuada.

Sin embargo, portavoces como Silvana Cabrera, de Regularización Ya en Valencia, denuncian situaciones de vulnerabilidad extrema, llegando a calificar ciertas condiciones laborales de las empleadas domésticas como “la esclavitud moderna” por la imposibilidad de abandonar sus puestos para tramitar la documentación.

Mientras tanto, la directora del CEAR, Mónica López, presiona para que esta regularización extraordinaria deje de ser una excepción y se convierta en una "medida estructural", lo que facilitaría un flujo constante e inagotable de inmigración hacia el territorio nacional.